Con el fin de promover la atracción de inversión nacional y extranjera, para lo cual las autoridades pertinentes podrán tomar en cuenta que las inversiones cumplan con criterios de responsabilidad social, el pleno del Congreso del Estado, aprobó las reformas al artículo 2º en su fracción XVII, de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable, y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, que presentó el diputado José Antonio Zapata Meraz.
Expuso que esta reforma señala que el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social, es algo voluntario, y depende de la empresa en cuestión, al plantear corresponsabilidades de tipo social que van más allá del cumplimiento de la Legislación.
Dijo que el fin es establecer que las autoridades pertinentes, al buscar inversiones externas para el estado, puedan tomar en cuenta que éstas cumplan con criterios de responsabilidad social, de acuerdo a Normas Oficiales y certificaciones nacionales e internacionales aplicables.
El legislador José Antonio Zapata, informó que San Luis Potosí, se encuentra entre los 10 estados con mayor captación de inversión extranjera, llegando incluso al primer lugar durante el particularmente difícil segundo trimestre de este año 2020; además de que en la actualidad, las inversiones incluyen las comunidades indígenas.
Por ello, se buscó crear una facultad para que las autoridades puedan considerar la responsabilidad social de los inversores que entren al estado. “La responsabilidad social empresarial, considera que además del logro de los objetivos económicos, se deben considerar elementos como: la aportación de beneficios al individuo, a los colaboradores y a la comunidad; el cumplimiento de los principios éticos, cívicos y la normatividad legal; la capacitación de los empleados, y su mejoramiento personal, familiar y social; el aseguramiento de las condiciones laborales y de salud de las personas, así como la consideración de las decisiones en función de cuestiones éticas y ambientales”, añadió.
El diputado, Zapata Meraz, señaló que este concepto nace de la autorregulación de la iniciativa privada, y se encuentra considerado en instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, y de la ONU, así como en Normas Oficiales Mexicanas y en múltiples certificaciones nacionales e internacionales. Por ello, existen numerosos referentes sobre los beneficios que puede brindar; no obstante, no tiene reconocimiento legal en el marco jurídico mexicano, razón por la cual se busca adicionar el término a través de una facultad optativa.
Puntualizó que considerando la forma que ha tomado el desarrollo del estado, “debemos contemplar la importancia de que las inversiones exteriores que llegan a la Entidad, muestren una orientación favorable a las prácticas de responsabilidad social, ya que las inyecciones de capital han llegado a ser un elemento fundamental del desarrollo local, generando puestos de trabajo y derrama. Desde el punto de vista del desarrollo económico y social, el objetivo no es solamente la creación de empleos por sí mismos, sino que los puestos de trabajo creados sean sostenibles, y garanticen una mejora estable de las condiciones económicas de los habitantes, sin suponer impactos dañinos al medio ambiente ni a la comunidad”, finalizó.
