Diputadas y diputados se reunieron con integrantes de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para informar sobre las acciones que se realizarán en el proceso de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes.
Se destacó la importancia de la participación de los maestros indígenas en estos trabajos de consulta, donde se pondrá a consideración diversas iniciativas legislativas en materia electoral, de justicia, educación y cultura, desarrollo económico, derechos humanos y de pueblos indígenas.
La diputada Yolanda Josefina Cepeda, presidenta de la Directiva, señaló que esta consulta se llevará a cabo en 72 sedes, con 4 foros regionales, en 24 municipios consultados y 66 comunidades del municipio de Tanlajás; la convocatoria se ha traducido a las lenguas Náhuatl, Otomí, Mazahua, Xi´Oi norte, Xi´Oi sur, pictogramas, Téenek, Mixteca baja y Braille.
“Es una consulta incluyente, donde queremos que las personas con discapacidad, los hombres, las mujeres, los jóvenes que quieran participar, lo puedan hacer en las mesas de consulta”, expuso.
El secretario general de la Sección 26 profesor Juan Carlos Bárcenas, destacó el trabajo conjunto que se realizará en este ejercicio para impulsar propuestas que mejoren la situación de los maestros y la calidad de la educación indígena; “que tengamos voz, que se proyecte dentro de los espacios de desarrollo y de crecimiento en lo que, como pueblos originarios, hemos defendido siempre”.
La diputada Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, precisó que entre los objetivos se encuentran las acciones interculturales e inclusión efectiva en instituciones de educación y el análisis de la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, entre otros temas.
Destacó que luego de una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los artículos 38, 39, 40 y del 43 al 47 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, relativos a la educación indígena y la educación inclusiva, por lo cual, el Congreso del Estado debe legislar en un plazo de 18 meses, previo desarrollo de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes.
Dijo que el propósito de esta consulta, es establecer que se construya un diálogo franco con todos los actores para generar las reformas pertinentes dentro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Comisión de Asuntos Indígenas, estableciendo iniciativas de ley que respondan a los reclamos de los pueblos originarios del estado de San Luis Potosí.
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