Cada año, como si alguien hubiera activado un “modo arcoíris» en el país, en nuestro estado y en esta ciudad, logotipos institucionales y publicaciones oficiales se tiñen de colores. Todo en nombre de la diversidad, como si eso bastara. Y aunque pintar pasos peatonales con los colores LGBT+ no es un mal gesto, tampoco puede sustituir lo esencial: respeto, derechos y garantías. Porque la inclusión real no se pinta: se legisla, se practica y se defiende.
La capital potosina no es ajena a esta estética de temporada. Este 2025 también se sumó a la moda de los pasos multicolores. Pero detrás del broche simbólico, la realidad sigue igual o peor para la comunidad LGBT+: una pareja fue rechazada en la Oficialía No. 5 cuando intentaron ejercer su derecho al matrimonio civil; los discursos que promueven las mal llamadas “terapias de conversión” siguen vigentes, incluso desde voces religiosas con fuerte influencia local. Y no, eso no es un detalle menor. Es una alerta roja.
A estas alturas, es absurdo que en pleno 2025 aún tengamos que recordar que estas “terapias” son prácticas violentas. Lo dice la ONU, la OMS, la CNDH y decenas de organismos internacionales: son tortura disfrazada de ayuda. Que desde la Iglesia potosina se defienda su existencia en nombre de la “naturaleza” es, además de irresponsable, profundamente peligroso. Es el tipo de discurso que habilita, invita, promueve, permite, incita, justifica, el odio simbólico que, sin duda, precede a la violencia real.
Y no, los casos de censura simbólica no son lejanos ni menos importantes. Basta recordar lo ocurrido en Puebla, donde colectivos conservadores repintaron de blanco un paso peatonal arcoíris. O incluso en Santa Cruz, Bolivia, donde borraron una intervención callejera con el mensaje “Santa Cruz se respeta”. Y aunque territorialmente parezcan muy distantes, no lo son en mentalidad. Porque en San Luis Potosí el riesgo no es menor, aquí también hay quienes preferirían invisibilizar antes que incluir, borrar, eliminar y hasta asesinar, antes que reconocer.
Entre 2021 y 2024, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió solo tres carpetas de investigación por feminicidio de mujeres trans, lo cual representa un avance legal importante, ya que antes estos casos eran clasificados como simples homicidios. Sin embargo, no se ha iniciado ni una sola carpeta por violencia, intentos de homicidio o transfeminicidio, lo que refleja miedo a denunciar y desconfianza hacia las instituciones.
Durante el mismo periodo, se documentaron seis homicidios de personas LGBT+ en el estado, aunque la falta de mecanismos con enfoque diferencial impide un registro adecuado. Además, la capacitación institucional es limitada, ya que solo se han realizado nueve sesiones formativas en cuatro años, y se mantiene bajo reserva la información sobre los equipos especializados de atención.
El caso emblemático de Fabiola, una mujer trans asesinada en 2021, sigue sin justicia, reflejando la impunidad y vulnerabilidad que enfrenta esta comunidad. Activistas advierten que las mujeres trans sufren una violencia estructural agravada por discriminación social, falta de protección legal y revictimización institucional.
A esto se suma la reciente denuncia de discriminación en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), donde docentes LGBT+ han sido víctimas de acoso, despidos arbitrarios y represalias basadas en su orientación sexual o expresión de género. Más de una decena de casos similares han sido ignorados, revelando una red de abuso de poder y corrupción que viola los derechos humanos de los trabajadores.
Este sábado 5 de julio, la comunidad LGBT+ de SLP saldrá a las calles en la edición número 14 de su marcha del orgullo. Pero no será solo una celebración, será una exigencia. En un momento donde el Congreso del Estado sigue sin legislar la prohibición de las terapias de conversión, sin tipificar los crímenes de odio, sin reconocer plenamente a las personas trans ni a las infancias diversas, esta marcha toma otro nivel de urgencia y de importancia.
Lo simbólico importa, claro. Un paso peatonal pintado puede provocar conversaciones, puede visibilizar. Pero si no va acompañado de leyes, presupuesto, educación, salud con enfoque de género y diversidad, entonces no pasa de ser maquillaje institucional. ¿De qué sirve un arcoíris en el pavimento si lxs funcionarixs de todos los niveles y responsabilidades siguen negando derechos básicos? ¿De qué sirve una bandera si en las zonas rurales de la Huasteca no hay atención psicológica, ni protección, ni siquiera libertad para salir del clóset sin miedo?
La buena noticia es que este año hay unidad. Después de tensiones internas, los liderazgos comunitarios en San Luis Potosí han decidido marchar juntxs. No hay dos marchas. Hay una sola voz que exige: legislen, protejan, respeten. Que la diversidad no sea un tema solo de un día al año, que la igualdad no sea una palabra vacía en un comunicado institucional.
Porque ser LGBT+ en San Luis Potosí sigue siendo difícil. Se vive con miedo, exclusión, prejuicio. No es un estado ni una ciudad amable con la población LGBT+. Sigue habiendo quien cree que la diversidad es una “moda”, una “agenda”, un “riesgo”, incluso un «coto social y político» que se debe y puede utilizar y aprovechar a contentillo, a placer, o según el interés que se tenga.
Por eso marchamos. No para pedir permiso, sino para recordar que existimos, que también somos ciudadanxs, personas, que también pagamos impuestos, que también tenemos derechos…
Y si el Congreso, las iglesias, las autoridades municipales, estatales y federales, las empresas, las corporaciones policiacas, los partidos políticos, o quien sea, no lo entiende, este sábado les vamos a recordar con orgullo nuestro derecho a existir.
Porque la dignidad no se pinta en el piso. Se vive y se defiende cada día, en todos y cada uno de los espacios públicos o privados, le pese a quien le pese, le incomode a quién le incomode… quieran o no quieran.