La Fiscalía General del Estado parece haber encontrado la fórmula perfecta para maquillar estadísticas: ocultar secuestros bajo la nebulosa etiqueta de “otros delitos”. De los 535 delitos contra la libertad personal reportados en el estado de enero a octubre, 531 fueron clasificados en esta ambigua categoría, dejando solo 4 como “secuestro extorsivo”, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Cuestionada sobre esta alarmante discrepancia, la fiscal Manuela García Cázares no solo evitó aclarar el destino de esos 531 casos, sino que aseguró sin evidencia: “Afortunadamente hemos tenido muy pocos secuestros y yo creo que ha sido la forma de ubicación la que ha creado confusión”. Sin embargo, la confusión parece conveniente. Mientras niega cualquier intención de manipular los datos, los números pintan otra realidad.
Durante el año, la Guardia Civil ha reportado públicamente casos de secuestros exprés y secuestros con calidad de rehén, pero estas modalidades brillan por su ausencia en las estadísticas oficiales. Según el registro, los secuestros exprés, los secuestros para causar daño y los de calidad de rehén aparecen con un total de cero. Todo, casi inexplicablemente, fue enviado al limbo de los “otros delitos”.
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