- Organizaciones civiles denuncian que se niega el voto a quienes más necesitan justicia
En plena histórica elección judicial en San Luis Potosí, donde por primera vez la ciudadanía podrá elegir a jueces y magistrados, una parte vulnerable de la población quedó fuera del proceso: las personas en prisión preventiva.
La organización civil Perteneces A.C. y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir que se respeten los derechos político-electorales de estas personas, quienes no han sido condenadas pero tampoco podrán votar.
La impugnación se dirigió contra el acuerdo INE/CG64/2025, en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró “inviable” permitir el voto de personas en prisión preventiva durante esta elección. Las organizaciones denunciaron que esta decisión viola el principio de progresividad en derechos humanos, especialmente porque ya se había reconocido ese derecho en procesos anteriores.
“El INE no puede escudarse en que no hay dinero o logística para restringir un derecho fundamental”, advirtieron las organizaciones. Y recordaron que tras la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, la ciudadanía tiene derecho a elegir a las y los jueces del Poder Judicial Federal, lo que refuerza la obligación de incluir a toda la población.
En lugar de proteger este derecho, la Sala Superior del TEPJF respaldó al INE, señalando que sí se reconoce el derecho al voto de personas en prisión preventiva, pero que su implementación debe ser “gradual” y depender de los recursos disponibles.
Para las organizaciones, esta postura **es una forma encubierta de negar justicia. “No hay justificación válida para seguir excluyendo a un grupo en situación de extrema vulnerabilidad”, afirmaron, y advirtieron que este fallo perpetúa una doble condena: estar encarcelado sin sentencia y sin voz.
Mientras 2.2 millones de personas en San Luis Potosí están habilitadas para votar por 201 aspirantes a cargos judiciales —desde jueces hasta magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial—, quienes están en prisión preventiva fueron dejados fuera sin una razón legítima, aseguran las asociaciones.
En una elección que se supone histórica por su carácter democrático, la exclusión de quienes dependen más directamente del sistema judicial pone en duda qué tan incluyente es realmente este ejercicio de justicia ciudadana.
La lucha por el derecho al voto de las personas en prisión preventiva sigue… pero, por ahora, la justicia se vota sin ellos.
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