Desde este 1 de mayo, en España ya no será posible inscribir de forma automática en el Registro Civil a bebés nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada. La medida responde a una nueva instrucción del Ministerio de Justicia que busca frenar esta práctica, señalada por el Tribunal Supremo como una forma de “mercantilización del cuerpo de la mujer”.
Con la nueva normativa, las familias que recurran a vientres de alquiler en otros países deberán presentar pruebas de parentesco biológico o una resolución de adopción para poder registrar al menor.
La decisión marca un cambio importante en la política española sobre reproducción asistida y ha reavivado el debate en torno a los límites éticos de la gestación subrogada. Organizaciones feministas advierten que esta práctica constituye una explotación reproductiva, mientras que otras voces cuestionan si la medida podría afectar los derechos de los menores ya nacidos bajo este esquema.
El tema vuelve al centro del debate público: ¿se trata de una medida para proteger a las mujeres o una barrera para el reconocimiento de nuevas realidades familiares?
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