Mientras colectivos denuncian una crisis humanitaria por las desapariciones en San Luis Potosí, la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, prefirió centrarse en casos de personas que se ausentan por pleitos familiares, como el de una menor que “no quería aparecer porque estaba enojada con su papá”.
La Fiscal señaló que “en muchos casos las personas ya aparecen, pero ni ellos ni sus familiares avisan a la Fiscalía”. Según su versión, esto explicaría el rezago en las cifras oficiales y la discrepancia con otras fuentes. Incluso afirmó que ni la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene el dato exacto de cuántos desaparecidos hay en el estado.
Las declaraciones contrastan con el Informe Sombra entregado esta semana por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, donde se documenta la desaparición de 1,818 personas entre enero de 2018 y mayo de 2025, de las cuales más de 700 siguen sin ser localizadas, incluyendo 40 jóvenes y 112 niñas y niños.
El informe detalla omisiones sistemáticas por parte de las autoridades, negligencia en las investigaciones y falta de acompañamiento a las familias que buscan a sus seres queridos. También denuncia que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) prometió desde 2019 un informe especial sobre el tema, pero lleva seis años sin cumplir.
Además, el documento señala que por cada desaparición denunciada, hay al menos tres casos más que no se reportan por miedo, desconfianza o barreras lingüísticas.
Frente a la urgencia de una política pública seria, la fiscal minimiza la crisis con anécdotas personales y justificaciones burocráticas. “No es lo mismo lo que hay en las carpetas de investigación que la cifra real”, dijo, dejando en claro que la falta de claridad institucional sigue siendo parte del problema.
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