Colectivos y activistas de la comunidad LGBTIQ+ en San Luis Potosí exigieron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ofrecer una disculpa pública por expresiones que consideran discriminatorias, pero también dejaron en claro que la burla y la exclusión hacia la diversidad sexual no son hechos aislados de un solo funcionario, sino una práctica constante de distintos entes políticos que se ha permitido con la complicidad del silencio institucional.
La exigencia surge tras la difusión de un video en redes sociales donde el mandatario, en un evento oficial, hizo comentarios sobre la orientación sexual de colaboradores y un diputado federal, señalando incluso la posibilidad de que “fuera gay” con un tono burlesco. “Si desde la figura más alta del poder se normalizan las burlas, lo que se envía es un mensaje de impunidad que valida la exclusión y abre la puerta a crímenes de odio”, advirtieron representantes de la comunidad en conferencia de prensa.
Aunque reconocieron que el gobierno estatal ha impulsado apoyos como créditos a emprendedores LGBT+, advirtieron que no sustituyen una política pública integral que garantice derechos en salud, educación, empleo, seguridad y justicia.
Denunciaron que en el Registro Civil aún se obstaculiza el matrimonio igualitario y el registro de hijos de parejas del mismo sexo, pese a que la ley lo reconoce. También señalaron la crisis del CAPACITS que opera con desabasto de pruebas y medicamentos para atender a personas con VIH, lo que “pone vidas en riesgo”.
En materia laboral, mujeres trans recordaron que la falta de una cuota de empleo las obliga a sobrevivir en la informalidad o el trabajo sexual, con altos niveles de violencia y vulnerabilidad.
Uno de los señalamientos más fuertes fue contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Giovanna Argüelles, a la que acusaron de ser omisa, encubridora e inoperante. Subrayaron que desde su llegada no se han emitido recomendaciones por casos de discriminación contra la comunidad y que, en lugar de actuar de oficio como la ley le faculta, la institución condiciona su intervención a la presentación de quejas formales.
Los activistas recalcaron que su demanda no es personal contra el gobernador ni contra una persona en específico: “Estamos hablando de derechos humanos, no de caprichos. No pedimos privilegios, exigimos igualdad”.
Recordaron que más de 137 mil personas LGBTIQ+ viven en San Luis Potosí, un sector social numeroso, visible y políticamente relevante, que sigue sin representación directa en el Congreso ni en el Ejecutivo.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad potosina a no minimizar los discursos discriminatorios como simples bromas, pues —advirtieron— “cada burla y cada omisión alimenta la cadena de violencia que termina en crímenes de odio”.