La Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí encendió los reflectores sobre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). De acuerdo con su titular, Ariana García Vidal, el organismo electoral enfrenta deudas porque malgastó el presupuesto recibido, destinándolo a liquidaciones y otros compromisos, en lugar de cubrir gastos básicos como la renta de inmuebles.
“Me da mucha pena comentarlo, pero el administrador o el titular de la institución ocupó el dinero en otras cosas y no pagó la renta”, declaró la funcionaria, quien subrayó que no se trató de un incumplimiento del Ejecutivo estatal, sino de una mala administración interna.
El problema, sin embargo, ya escaló. El Ceepac arrastra adeudos con los propietarios de sus oficinas y también con el Instituto Nacional Electoral (INE), al que debe recursos derivados de convenios. Apenas el 4 de septiembre, la consejera presidenta del organismo, Paloma Blanco López, reveló que el Gobierno del Estado aún tiene pendiente el pago de 21 millones de pesos comprometidos en convenios, argumentando falta de suficiencia presupuestal.
Aunque reconoció que el caso podría traer consecuencias legales, García Vidal adelantó que por ahora la prioridad es negociar con los dueños de los inmuebles para buscar una salida al conflicto. “Vamos a tener que hacer negociaciones y pagar”, concluyó, dejando claro que la administración estatal respaldará al organismo, pero también advirtió que sí debe fincarse responsabilidad por el desvío del recurso.