A casi cuatro años del feminicidio de la fisicoculturista Nayeli Alfaro Silva, el proceso judicial contra su presunto agresor sigue sin resolverse. Ante los señalamientos de la familia y sus representantes legales sobre un caso “atorado” y en riesgo de impunidad, la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, salió a dar su versión.
La funcionaria rechazó que el expediente esté detenido y responsabilizó de los retrasos a los recursos interpuestos por la defensa del acusado, Uriel “N”, pareja sentimental de Nayeli, detenido en 2022. “La ley permite que los actos se puedan ampliar dentro del proceso. La Fiscalía tiene que esperar los tiempos para que las partes promuevan amparos y éstos se resuelvan, para poder llegar a una conclusión en el caso”, señaló García Cázares.
La fiscal insistió en que no existe riesgo de que el presunto feminicida quede libre, ya que los recursos de defensa no interrumpen la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva.
“De ninguna manera puede quedar libre. Son autos de defensa, pero no corren términos para que pueda seguir en libertad”, afirmó.
Sin embargo, García Cázares evitó precisar cuántos casos enfrentan demoras similares en la Fiscalía, aunque aseguró que “no son la mayoría”.
Mientras tanto, la familia de Nayeli insiste en que el proceso se ha vuelto lento, burocrático y lleno de obstáculos que les impiden alcanzar justicia, casi cuatro años después del crimen que conmocionó a San Luis Potosí.