- “No luchamos contra un dictamen, luchamos por la defensa de los ciudadanos”
El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la 4T y sus aliados, con 70 votos a favor y 39 en contra. Entre los cambios se incorporó una reserva polémica que introduce efectos retroactivos y que, en palabras del diputado federal David Azuara, “abre la puerta a vulnerar derechos adquiridos y a debilitar el acceso a la justicia”.
David Azuara explicó que, aunque el proceso legislativo en el Senado ya concluyó, lo que está en juego ahora es la defensa de las garantías ciudadanas frente a una norma que modifica de raíz uno de los instrumentos jurídicos más importantes del país.
“La batalla no era sólo contra un dictamen, era por lo que queda después: quién podrá acudir a los tribunales, con qué herramientas y en qué condiciones”, advirtió.
El legislador señaló que la reserva aprobada establece que los juicios de amparo en trámite deberán resolverse conforme a las nuevas disposiciones, lo que constituye una aplicación retroactiva prohibida por el artículo 14 constitucional. “Se trata de un cambio que pone en riesgo procesos ya iniciados y que podría dejar indefensas a muchas personas que confiaron en el amparo como su escudo de protección”, precisó.
Aunque durante el debate se hicieron ajustes al dictamen, especialmente en temas de interés legítimo y suspensiones, David Azuara subrayó que los cambios resultan insuficientes. “Lo que aprobaron no es una reforma técnica, es un cambio estructural. Acotan el amparo para que deje de ser un instrumento ciudadano y lo convierten en una herramienta del Estado”, afirmó.
Para el diputado, la ciudadanía debe conocer las claves de lo aprobado: Retroactividad: casos en proceso podrían someterse a las nuevas reglas, afectando a quienes ya promovieron su demanda.
Interés legítimo restringido: se limita la posibilidad de que comunidades u organizaciones defiendan causas colectivas, ambientales o de salud, sobre las suspensiones condicionadas: podrán negarse si un juez considera que se afecta el orden público o el interés social.
Respecto al cumplimiento de sentencias, aunque se prohíbe a los funcionarios excusarse en “imposibilidad material”, persiste el riesgo de que las sanciones se paguen con dinero público y no con responsabilidad personal.
“Cada ciudadano debe revisar si un proceso en curso puede verse afectado. Esta ley redefine quién puede seguir defendiendo causas. No basta con decir ‘yo no estoy en juicio’; el impacto será colectivo”, advirtió David Azuara.
El legislador llamó a mantener la vigilancia en la Cámara de Diputados, donde la reforma continuará su trámite. Además, planteó que la oposición y la sociedad civil pueden recurrir a acciones de inconstitucionalidad, promover información clara hacia la gente y exigir que los funcionarios responsables de incumplir sentencias rindan cuentas de manera individual.
“La reforma ya se aprobó en el Senado, pero lo que venga después será decisivo: cómo se interpongan recursos, qué interpretación hagan los jueces y qué decisiones adoptemos desde el Congreso. No luchamos frente a un papel, luchamos por lo que nos queda de defensa”, concluyó.
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