El catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y activista indígena, Miguel Ángel Guzmán Michel, rompió el silencio tras pasar tres meses encarcelado injustamente acusado de terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada.
El profesor denunció que fue víctima de una detención ilegal plagada de irregularidades, pues se le acusó de colocar bombas en instalaciones de Pemex en distintas partes del país, a pesar de que —según constancias oficiales de la UASLP— estaba dando clases en San Luis Potosí los días de los supuestos atentados.
“Me mandaron a un penal hasta Veracruz, al Cefereso número 5, donde un juez de consigna hizo todo lo posible para mantenerme preso”, relató. Pese a que la Fiscalía General de la República se desistió del caso, el juez se negó incluso a aceptar la amnistía que se le había concedido.
Guzmán Michel aseguró que fue señalado por un “testigo protegido fantasma” y que sus derechos humanos fueron vulnerados desde el primer momento: “No había baños, la gente hacía del baño ahí mismo. Nos daban la comida en el suelo. Nos trataban peor que a un perro”, recordó con indignación.
Durante su encierro, el activista fue testigo de condiciones infrahumanas en el penal: presos enfermos sin atención médica, personas que ya cumplieron su condena y siguen recluidas, e incluso defensores de oficio que —según denunció— cobran doble y exigen favores sexuales a familiares de internos.
Ante este panorama, el profesor anunció que, junto a diversas organizaciones sociales, presentará una iniciativa de ley para frenar la criminalización de la lucha social y exigir reformas al sistema penitenciario. Entre sus propuestas se encuentran:
* Liberar a personas encarceladas con violaciones graves a sus derechos humanos.
* Reformar las cárceles federales para erradicar tratos humillantes.
* Desaparecer la defensoría social actual y crear un nuevo organismo independiente que realmente defienda a los presos.
La iniciativa será impulsada desde la sociedad civil mediante una recolección de firmas y, posteriormente, presentada ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Además, Guzmán Michel convocó a la ciudadanía potosina a participar en un gran frente ciudadano el próximo 20 de noviembre, para exigir justicia y detener la persecución política.
El activista también pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona garantizar su seguridad, luego de recibir información sobre posibles nuevas carpetas de investigación en su contra. “Estoy pidiendo que se respete mi integridad física. No quiero convertirme en otro perseguido más”, advirtió.
Su abogado, Arturo Castañeda, confirmó que el expediente fue cerrado y que todas las personas involucradas fueron liberadas. “Era un caso armado, lleno de irregularidades, basado en dichos de policías y supuestos informes sacados de internet”, señaló.
Miguel Ángel Guzmán Michel no duda de que detrás de su detención hay intereses económicos y políticos ligados a empresas mineras y cementeras que buscan operar en la Huasteca potosina. “Esto no fue un error. Fue una advertencia. Pero no nos van a callar”, concluyó.
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