En San Luis Potosí, ninguno de los 59 alcaldes y alcaldesas ha solicitado medidas extraordinarias de seguridad ni escoltas personales, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.
El único caso excepcional es el del alcalde de Huehuetlán, Ramón Martínez Avitud, quien desde el proceso electoral pidió apoyo de la Guardia Nacional y continúa bajo ese esquema de protección.
Torres aseguró que, fuera de esa situación, no existen solicitudes similares ni condiciones de inseguridad que ameriten medidas especiales en otros municipios. “San Luis Potosí no enfrenta un escenario como el de Michoacán, donde la delincuencia organizada ha amenazado la vida pública y productiva”, sostuvo el funcionario, tras lamentar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso.
El secretario afirmó que la entidad potosina mantiene una coordinación permanente con autoridades federales y locales mediante las mesas itinerantes de seguridad y paz, lo que —dijo— ha permitido mantener a San Luis entre los estados más seguros del país.
Sobre el caso del homicidio del exalcalde de Tancanhuitz, Jesús Eduardo Franco Larraga, ocurrido en 2024, Torres recordó que el proceso judicial sigue su curso y que ya hay detenidos, incluido el presunto autor intelectual.
En otro tema, confirmó movimientos en la estructura gubernamental: Jorge Vega Arroyo dejará la Subsecretaría de Gobernación para ocupar un nuevo cargo en la Secretaría de Educación, mientras que su lugar será ocupado por Miguel Amaro García, quien encabezaba la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
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