A un año de que el Congreso del Estado aprobó la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el acceso real a este derecho en San Luis Potosí sigue atrapado entre la simulación burocrática y la resistencia institucional, denunciaron integrantes de la Colectiva ILE. Las activistas presentaron los resultados de una investigación que revela que, aunque el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, los hospitales públicos prácticamente no están realizando procedimientos por decisión libre.
Según cifras oficiales de los Servicios de Salud del Estado, entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 se practicaron 132 interrupciones del embarazo, pero el 100% fueron registradas por causas médicas —como riesgo para la salud o malformaciones congénitas—, mientras que ninguna fue clasificada como interrupción voluntaria. “Es una simulación administrativa. Los abortos voluntarios se esconden bajo causales médicas. Se está negando el derecho a decidir con excusas burocráticas”, señaló la vocera Nuria Serrano.
Además, la colectiva denunció que solo nueve hospitales en todo el estado brindan el servicio de ILE, y que en varios de ellos la mayoría del personal médico se declara objetor de conciencia, lo que deja sin acceso real a mujeres y personas gestantes. En el Hospital General de Ciudad Valles, por ejemplo, 10 de 17 médicos se niegan a practicar abortos. “Las mujeres llegan dentro del plazo legal, pero son rebotadas entre hospitales o se enfrentan a la falta de médicos dispuestos. Al final, el propio sistema las hace rebasar el límite de las 12 semanas”, denunciaron.
La Colectiva ILE también acusó falta de transparencia por parte de los Servicios de Salud, que omitieron informar cuántas quejas o denuncias existen por la negativa de atención, y por ello presentaron un recurso de revisión ante la CEGAIP. En paralelo, recordaron que desde noviembre de 2024 han impulsado dos iniciativas ciudadanas en el Congreso del Estado —sin avances reales hasta la fecha—:
1. Reforma al artículo 150 del Código Penal, para ampliar las causas en las que no se penaliza el aborto después de las 12 semanas, incluyendo pobreza extrema, negación del servicio médico o retrasos institucionales.
2. Reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer la violencia obstétrica y reproductiva como una forma de agresión.
Pese a que las comisiones legislativas ya elaboraron los proyectos de dictamen, las activistas no han sido convocadas formalmente al diálogo, a pesar de haberlo solicitado expresamente. “La despenalización fue un paso histórico, pero sin voluntad política y sin personal capacitado, el derecho a decidir sigue siendo letra muerta”, concluyeron.
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