Días antes de dejar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el ahora subsecretario de Gobernación de San Luis Potosí, Miguel Ángel García Amaro, fue sancionado con una multa de 67 mil 884 pesos por no cumplir una sentencia federal que ordenaba la reparación integral de la víctima María de Jesús “Marichuy” Almendarez Prieto.
El Juzgado Segundo de Distrito impuso la sanción el 24 de octubre de 2025, luego de comprobar que García Amaro —entonces comisionado de la CEEAV— retrasó durante meses el cumplimiento del fallo y realizó actos calificados como “insuficientes” o “ilusorios”.
La autoridad judicial determinó que la multa deberá pagarse con recursos personales, no con dinero público, y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podría imponerse una segunda sanción de más de 79 mil pesos o incluso iniciar un procedimiento por desacato ante instancias superiores, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pocos días después de ser notificado, García Amaro renunció al cargo de comisionado, renuncia que el Congreso del Estado recibió oficialmente el 4 de noviembre. Sin embargo, pese a que el gobierno estatal presentó su salida como un “relevo natural”, la víctima Marichuy Almendarez sostiene que la sanción federal influyó directamente en su destitución.
En su escrito ante el juzgado, Almendarez pidió que se respetaran los dictámenes médicos y psicológicos previos de su expediente y que no se le sometiera de nuevo a evaluaciones, al considerar que eso representaba una revictimización. También exigió que la CEEAV cumpla de una vez por todas con las medidas de reparación integral ordenadas desde hace años. El caso de Marichuy, actualmente lleva más de cuatro años sin resolverse completamente.
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