Mientras la Suprema Corte ya reconoce el aborto como un derecho constitucional, en San Luis Potosí el Código Penal todavía lo considera un delito. Esa contradicción —denunciaron médicas y activistas durante el foro “Acceso al aborto: ¿seguro y gratuito?” organizado por el Frente Marea Verde SLP— es el mayor obstáculo para que el derecho a decidir sea real y no solo legal. “Mientras el aborto siga en el Código Penal, el miedo seguirá en los hospitales”, advirtió la doctora Fabiola Amellall Luna, de la *Red de Médicas por el Derecho a Decidir. “Los médicos prefieren negar la atención antes que arriesgarse a ser acusados.”
Y los datos lo confirman: entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, se registraron 674 interrupciones del embarazo, pero solo 207 fueron atendidas por instituciones públicas. El resto —un 69%— fueron acompañadas por colectivas feministas, no por el sistema de salud.
Los Servicios de Salud apenas reportaron 136 casos sin reconocer ninguno como aborto voluntario. El IMSS realizó 71 y el ISSSTE ni siquiera entregó cifras. En contraste, las redes de acompañamiento son las que han garantizado abortos seguros, gratuitos y sin criminalización.
Aunque el IMSS-Bienestar presume la instalación del servicio en seis hospitales regionales, el acceso sigue concentrado en zonas urbanas y el temor del personal médico, sumado a la objeción de conciencia y la falta de capacitación, mantienen al aborto en un limbo entre la legalidad y la negación práctica.
Activistas como Diana García de IPAS LAC y Herma Araujo insistieron en que el aborto debe salir del Código Penal y trasladarse al ámbito sanitario, para tratarlo como lo que es: un servicio esencial de salud pública, no un delito disfrazado. En comunidades rurales e indígenas, donde el traslado a los hospitales cuesta más que el procedimiento, las acompañantas siguen siendo la única red efectiva.
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