El diputado Héctor Serrano Cortés, reconoció que no sabe cuántos ciudadanos han presentado denuncias por situaciones del uso indebido de inteligencia artificial (IA) en San Luis Potosí, a pesar de que la iniciativa recién aprobada fue impulsada por el mismo.
Durante una entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) afirmó que “sí se han presentado denuncias”, pero al ser cuestionado específicamente sobre denuncias de ciudadanos —no de actores políticos—, terminó admitiendo que desconoce cifras, que no existe un registro específico y que, hasta ahora, los posibles delitos vinculados a IA no aparecen como tal, sino clasificados bajo otros conceptos como extorsión. “No está obligada la Procuraduría a informarnos. Si alguien usa IA para extorsionar, aparece como extorsión, no como inteligencia artificial”, dijo, dejando en el aire la base real de su iniciativa.
Aun así, Serrano insistió en que la propuesta responde a “necesidades sociales” y a “impactos que ya se han visto”, mencionando como ejemplo el caso de Zacatecas y un catálogo sexual de 400 menores, aunque no pudo citar casos locales que justifiquen el carácter urgente de su reforma.
El cuestionamiento se tensó cuando se le pidió explicar por qué la iniciativa sobre IA avanza con rapidez mientras reformas con impacto directo en vidas humanas, como la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, llevan tres años atoradas en el Congreso.
Serrano Cortés desacreditó la pregunta asegurando que se trataba de “una simple opinión” de la reportera, pese a que la crítica proviene de colectivos como Derechos Urbanos, Pedaleando San Luis y defensores de personas con discapacidad, quienes este martes realizaron una protesta dentro del Congreso para denunciar la omisión legislativa. “No veo por qué digas que no se ha atendido ese tema… tal vez no como tú pensarías, pero sí se ha atendido”, respondió el legislador, minimizando que más de mil 500 personas han muerto en siniestros viales durante estos tres años de retraso.
Al cuestionarle cómo exhortaría a destrabar la llamada Ley Santi —iniciativa ciudadana para garantizar movilidad segura— Serrano aseguró que “no está en su potestad”, que las prioridades las marca “un cuerpo colegiado” y que el Congreso “tiene su propia dinámica”, sin comprometer una ruta clara.
Mientras tanto, los colectivos recordaron que 22 estados del país ya armonizaron su legislación, pero San Luis Potosí sigue rezagado y sin consultas completas a personas con discapacidad ni a pueblos originarios, pese a contar con un presupuesto adicional de 10 millones de pesos para este año.
La protesta ciudadana incluyó partir un pastel dentro del Congreso: una “anticelebración” por los tres años de omisión legislativa en movilidad. Para los activistas, la prioridad es urgente: cada día mueren una o dos personas por hechos viales prevenibles.
En contraste, la iniciativa de Serrano para regular la inteligencia artificial avanza sin datos públicos, sin denuncias claras y sin sustento local, pero con celeridad legislativa.