San Luis Potosí, SLP. — En 2025, la agenda legislativa local dio un paso al frente por los derechos de las personas con discapacidad. El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó una reforma constitucional para el derecho a la consulta de personas con discapacidad en el Estado: una participación previa, libre, informada, de buena fe, con procedimientos accesibles cuando se consideren medidas legislativas o administrativas que les afecten.
La propuesta no es aislada. Forma parte de una serie de iniciativas que buscan garantizar la inclusión, la accesibilidad universal, la participación política, social y cultural, así como el desarrollo integral de personas con discapacidad, incluidas aquellas pertenecientes a pueblos indígenas.
Para que la reforma no quede en letra muerta, el proceso contempla la realización de consultas con la población afectada. El objetivo: asegurar que decisiones públicas leyes, políticas, planes municipales o estatales consideren de verdad sus necesidades.
Recientemente, el Congreso del Estado de San Luis Potosí abrió el diálogo inclusivo: analiza 17 iniciativas relacionadas con salud, educación inclusiva, turismo, y la mencionada “Ley de Consulta a Personas con Discapacidad”.
El caso de SLP no es aislado. En la capital, Congreso de la Ciudad de México convocó en 2025 al Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025 un espacio conformado por 66 personas con discapacidad que representan los 33 distritos electorales y con paridad de género— para presentar problemas y soluciones reales desde su experiencia.
Además, en noviembre de 2025 el Congreso capitalino llevó a cabo una consulta pública sobre movilidad adaptada, como parte del proceso de reforma a la Ley de Movilidad. Personas con discapacidad pudieron presentar observaciones y propuestas para garantizar su derecho a una movilidad segura, inclusiva y accesible