Después de festejar un nuevo amparo que le permite a una estudiante de la UASLP no pagar inscripción, el Colectivo Praxis Combativa (CPC) lanzó un mensaje claro: la fiesta todavía no acaba, pero el verdadero reto apenas empieza.
El grupo anunció que replanteará su estrategia legal para que todos los niveles de gobierno asuman, de una vez por todas, la responsabilidad de garantizar la gratuidad de la educación superior, tal como lo marca la Constitución… y como reiteró la Suprema Corte.
Todo surge tras la reciente resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 305/2025, donde se confirmó que la estudiante debe ser amparada y protegida. Eso obliga a la UASLP a no cobrar cuotas, cancelar fichas de pago y devolver el dinero ya cobrado. No es la primera vez que ocurre, pero esta sentencia es especial: deja claro que la educación superior gratuita es un derecho inmediato, sin “gradualidades”, ni pretextos legislativos.
En rueda de prensa, los abogados David Reyes Medrano y David Cibrián Gerónimo celebraron el alcance del fallo, asegurando que sienta un precedente para que estudiantes de todo el país comiencen a presentar amparos similares. Pero también advirtieron algo importante: esta victoria aún no es completa.
Porque en los juicios presentados, el CPC ha señalado como responsables del inacceso a la educación gratuita al Ejecutivo Estatal, al Federal, al Congreso de la Unión y a la SEP. Y aunque las sentencias reconocen que estas autoridades han sido omisas en garantizar presupuesto suficiente, el Poder Judicial no ha dado el paso crucial: obligarlos a destinar recursos reales. “Es positivo el precedente, pero sin voluntad política, cualquier universidad puede entrar en crisis financiera. La educación no puede depender de amparos individuales; tiene que haber presupuesto”, sentenció Reyes Medrano.
Por ello, el colectivo anunció que la lucha subirá de nivel. Su siguiente estrategia será una presión jurídica presupuestaria: más amparos, pero esta vez dirigidos a obligar a las autoridades a garantizar los fondos que exige el derecho constitucional.
Además, propondrán una Iniciativa de Reforma para asegurar un porcentaje mínimo del presupuesto total destinado a educación, alineado con estándares de la ONU y la UNESCO. Señalaron que, si el déficit presupuestario continúa, no solo peligra el funcionamiento de la UASLP, sino el desarrollo educativo del país entero.