Organizaciones civiles encendieron las alertas por la inacción de las comisiones de Derechos Humanos, tanto estatal como nacional, frente a las reformas aprobadas por el Congreso de San Luis Potosí que tipifican y sancionan el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) en el Código Penal.
Luego de que no se promoviera ninguna acción de inconstitucionalidad dentro del plazo legal, pese a que se presentó un escrito solicitando su intervención, colectivos como Cambio de Ruta anunciaron que acudirán a la vía judicial para exigir una explicación formal sobre los motivos de esta omisión.
El director general de la organización, Luis González Lozano, señaló que promoverán un recurso para que la CEDH y la CNDH justifiquen por qué no actuaron, aun cuando fueron notificadas oportunamente. “Por la falta de respuesta, podemos pedir que nos expliquen cuáles fueron los motivos. Lo grave no es lo que contesten, sino que dejaron pasar el plazo y no hicieron nada para detener una reforma que, a nuestro juicio y al de muchas personas, es inconstitucional”, sostuvo.
González Lozano explicó que, aunque aún existe la posibilidad de cuestionar la reforma mediante un amparo, esto solo sería viable si una persona es imputada por el nuevo delito relacionado con IA, lo que limita considerablemente las opciones de defensa colectiva. “No se puede sancionar fácilmente a la CEDH o a la CNDH. A lo mucho podría haber una responsabilidad administrativa, pero en la práctica esto queda en una condena moral. Nunca he visto que se sancione a una presidencia de comisión por no actuar, y hoy menos, cuando están más cerca del poder que del pueblo”, afirmó.
Las reformas fueron aprobadas en noviembre pasado y buscan castigar la creación y difusión de contenidos falsos o manipulados mediante IA, conocidos como deep fakes, cuando estos generen alarma social, desinformación o alteren la paz pública.
Desde el Gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno defendió la medida y señaló que cualquier acción de inconstitucionalidad es parte natural del proceso democrático y permitirá perfeccionar la legislación.
Aunque la iniciativa surgió del Poder Legislativo, la dependencia aseguró que el Ejecutivo respalda el espíritu de la reforma, al considerar necesario regular el uso de nuevas tecnologías y prevenir su uso con fines ilícitos. “El análisis judicial permitirá determinar si la norma requiere ajustes o si puede mantenerse vigente, fortaleciendo un marco legal respetuoso de la Constitución y de derechos como la libertad de expresión y la protección de datos personales”, indicó la Secretaría.
Activistas recordaron que no es la primera vez que el Congreso de San Luis Potosí legisla ignorando criterios de la Suprema Corte. En materia electoral, el Poder Legislativo incumplió una sentencia firme que lo obligaba a realizar consultas a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad antes de reformar la ley, lo que derivó en acusaciones de desacato constitucional.
Para las organizaciones civiles, este patrón se repite ahora con la legislación sobre Inteligencia Artificial: reformas exprés, sin debate amplio y sin contrapesos efectivos, que terminan colocando al Poder Judicial como último recurso. “El problema no es legislar sobre IA, sino hacerlo sin garantías, sin consultas y sin defensores de derechos humanos que cumplan su papel”, concluyeron.