La liberación condicionada de Alejandro Fernández Montiel, exfuncionario del DIF Estatal sentenciado por la violación de un menor invidente bajo custodia del Estado, ya era polémica por sí misma. Pero ahora el caso escaló a un nivel mayor: la fiscal del estado, Manuela García Cázares, reconoció públicamente que no sabía que el hermano de la víctima está desaparecido desde 2024. Al mismo tiempo, aceptó que la apelación por la libertad otorgada al sentenciado no podrá avanzar sino hasta el próximo año, debido a los periodos vacacionales del Poder Judicial, lo que deja al imputado en una situación jurídica cómoda y con el tiempo a su favor.
Fernández Montiel fue condenado en 2022 a 12 años y tres meses de prisión por violación específica agravada. Sin embargo, un juez le concedió libertad condicionada el pasado 19 de diciembre, pese a la oposición del Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado dice haber impugnado esa decisión, pero el proceso se detendrá prácticamente en pausa hasta que regresen las actividades judiciales.
La propia fiscal lo explicó así: la apelación ya se interpuso, se corren plazos y luego se envía al Supremo Tribunal de Justicia, pero este se encuentra en periodo vacacional, por lo que el trámite realmente continuará hasta el próximo año. Es decir, el exfuncionario sentenciado por violación seguirá en libertad mientras el calendario institucional corre despacio y las oficinas cierran.
El momento más delicado ocurrió cuando se le preguntó directamente por el hermano de la víctima, desaparecido desde 2024. La respuesta fue tan corta como contundente: “¿El hermano de la víctima? No, no sabía que estaba desaparecido”. La titular de la Fiscalía, encargada de procurar justicia en el estado, desconocía la situación de una víctima indirecta en uno de los casos más sonados por abuso sexual cometido desde el propio aparato gubernamental. Luego añadió que “la investigación continúa”, aunque admitió no tener mayores elementos ni una relación directa con el caso principal.
Mientras tanto, la defensa de Fernández Montiel logró que el juez considerara el pago de 40 mil pesos por reparación del daño y el supuesto “buen comportamiento” en prisión como suficientes para otorgar la libertad condicionada. La Fiscalía asegura que se opuso, pero también reconoce que ni siquiera contaba con toda la información del comportamiento penitenciario del sentenciado porque la Dirección de Prevención y Reinserción Social no entregó a tiempo los informes. Aun así, con expediente incompleto y con datos pendientes, el juez decidió liberar al exfuncionario.
La fiscal insiste en que no ve riesgo de fuga, porque se trata de una libertad condicionada sujeta a requisitos, mientras la justicia espera a que pasen las fiestas y regresen los tribunales, el exfuncionario condenado está en libertad.