El Tribunal Electoral del Estado rechazó este lunes 12 de enero la primera impugnación contra la reforma electoral que obliga a los partidos a postular únicamente mujeres para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.
En sesión pública, las magistraturas resolvieron desechar el juicio presentado por Luis Fernando Leal Beltrán, al considerar que no podía cambiar nada, ya que el Tribunal no tiene facultades para tumbar leyes aprobadas por el Congreso.
¿Por qué rechazaron la impugnación?
El Tribunal explicó que la reforma ya fue aprobada por el Congreso del Estado desde el 14 de diciembre de 2025, como parte de cambios a la Constitución local y a la Ley Electoral.
Aunque todavía no se publica en el Periódico Oficial —y por eso aún no entra en vigor—, el Tribunal consideró que el proceso legislativo ya se completó.
En palabras simples: Aunque le dieran la razón al ciudadano, el Tribunal no puede anular una ley y eso solo lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las magistraturas recordaron que los juicios ciudadanos sirven para restituir derechos en casos concretos, cuando existe la posibilidad real de dar una solución práctica. En este caso, concluyeron que no había forma de reparar el reclamo, por lo que la demanda fue desechada de plano, con voto unánime.
El propio Tribunal dejó claro que la discusión de fondo sobre si la reforma es o no constitucional deberá resolverse en la Suprema Corte, mediante una acción de inconstitucionalidad, una vez que la reforma sea publicada oficialmente. En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) confirmó que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, a la que sus críticos llaman la “Ley Esposa”.
La senadora Verónica Rodríguez informó que el recurso se interpondrá en cuanto la reforma sea publicada, para respetar los tiempos que marca la ley.
Según el PAN, la reforma viola derechos constitucionales, al impedir que hombres compitan por la gubernatura y limitar la libertad de la ciudadanía para elegir entre todas las opciones políticas.
Por ahora, la reforma sigue su curso, y será la Suprema Corte la que tenga la última palabra sobre si la medida es legal o no rumbo a la elección de 2027.
