A más de un año de la tragedia del antro Rich, el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que ya concluyó la investigación administrativa interna y que sí hubo sanciones contra servidores públicos por su actuación antes del colapso que dejó dos jóvenes muertos y varios lesionados.
La titular de la Contraloría Interna Municipal, Gabriela López y López, dio a conocer que el procedimiento administrativo ya fue cerrado y que la resolución contempla sanciones que van de seis meses a un año, de acuerdo con el catálogo previsto en la normatividad municipal.
No obstante, las sanciones aún no son definitivas La funcionaria explicó que los servidores públicos señalados impugnaron la determinación ante el tribunal competente, por lo que la Contraloría se mantiene a la espera de que se confirme, modifique o incluso revoque la resolución. López y López evitó proporcionar nombres o cargos específicos, al señalar que será el tribunal quien determine en última instancia si las medidas aplicadas fueron correctas.
Pese a la reserva oficial, trascendió que los funcionarios sancionados corresponden a áreas clave relacionadas con la operación y supervisión de establecimientos comerciales. Entre ellos se encuentran:
- Jorge García Medina, exdirector de Comercio Municipal
- José Francisco Juárez, exsubdirector de Comercio
- Ana Laura Gómez, excoordinadora de Actividades Comerciales
- El exjefe de inspectores de la dependencia
Todos ellos estuvieron en funciones durante el periodo en que el antro Rich obtuvo permisos y continuó operando, pese a señalamientos posteriores de irregularidades. Ante las sanciones administrativas —de seis meses a un año— las propias familias de las víctimas, han señalado que el caso Rich no fue un accidente, sino el resultado de una cadena de omisiones y fallas institucionales.
El anuncio del cierre del procedimiento interno ocurre mientras el proceso penal contra los responsables directos continúa y mientras las familias exigen que la responsabilidad no se limite a castigos administrativos, sino que se investigue a fondo la actuación de autoridades municipales y estatales. Por ahora, el caso vuelve a quedar en manos de los tribunales y el nombre del antro Rich continúa siendo sinónimo de una tragedia que pudo evitarse.
