El Colectivo Praxis Combativa manifestó su rechazo total al reciente incremento a la tarifa del transporte urbano en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, la cual quedó fijada en 13.50 pesos, al considerar que se trata de una medida arbitraria, injusta e ilegal.
A través de un pronunciamiento público, el colectivo acusó que el aumento viola de manera flagrante la Ley de Transporte, específicamente el artículo 94, el cual establece que cualquier ajuste tarifario debe ser estrictamente proporcional a la inflación.
De acuerdo con sus cálculos, con una Inflación Acumulada Anual de 3.69 por ciento al cierre de 2025, el incremento máximo permitido legalmente era de 46 centavos. “Autorizar un aumento de un peso significa imponer un cobro que excede en más del doble lo que marca la ley, golpeando directamente la economía de miles de familias potosinas”, denunciaron.
El colectivo también señaló la carencia de sustento técnico en el ajuste, ya que pasar de 12.50 a 13.50 pesos representa un incremento del 8 por ciento, cifra que duplica la inflación oficial.
“Esto demuestra que la tarifa no se calcula bajo criterios técnicos de movilidad, sino mediante acuerdos políticos con concesionarios camioneros corruptos”, acusaron en su comunicado.
Subrayaron que la ley establece que cualquier incremento debe estar condicionado a la mejora del servicio, situación que —aseguran— no se cumple actualmente. Denunciaron que muchas unidades rebasan la antigüedad máxima de 10 años, carecen de sistemas de seguridad funcionales y mantienen un trato indigno hacia los usuarios.
Ante este escenario, el colectivo exigió: La revocación inmediata del incremento y el ajuste a una tarifa de 13 pesos, que consideran el redondeo máximo permitido. Transparencia total en el dictamen emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como en la información sobre las unidades que incumplen con los estándares de calidad. Además, convocaron a la ciudadanía a no cruzarse de brazos y manifestar su rechazo mediante movilizaciones públicas.
También hicieron un llamado a usuarios con tarjetas vigentes de prepago para iniciar juicios legales, y a asociaciones civiles de movilidad para promover un amparo colectivo, ofreciendo apoyo en la estrategia jurídica. “Es momento de movilizarse y luchar por lo que es justo. El transporte debe ser digno, seguro y a precio justo”, concluyeron.
El pronunciamiento fue emitido este 15 de enero de 2026, fecha en la que entraría en vigor la nueva tarifa del transporte urbano en la entidad, hasta el momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solo ha informado que aún no se define el aumento de la tarifa de camión.
