Colectivos y activistas de la comunidad LGBTIQ+ lanzaron un posicionamiento público contra el cobro de 1,488 pesos para el reconocimiento legal de la identidad de género en San Luis Potosí, acompañado de una recolección de firmas para exigir que este trámite sea gratuito y no discriminatorio, al considerar que el Estado está “cobrando por existir”.
El llamado surge como una actualización del debate que se abrió tras darse a conocer que el trámite de Modificación de Datos Personales en las Actas del Estado Civil conforme a la Identidad de Género Auto-percibida tiene un costo oficial establecido por el propio gobierno estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección del Registro Civil.
Las colectivas firmantes señalan que imponer un costo económico para ejercer este derecho es una medida «injustificada, excluyente y regresiva, ya que convierte un derecho humano en un trámite condicionado a la capacidad de pago de las personas».
En el posicionamiento se subraya que la «gratuidad en este tipo de procedimientos es un estándar en materia de derechos humanos, diseñado precisamente para evitar que factores económicos se conviertan en obstáculos para el ejercicio de derechos fundamentales». En ese sentido, señalan que el Estado mexicano y sus entidades federativas están obligados a ejercer control de convencionalidad y a armonizar su marco normativo con los tratados internacionales en la materia. “Legislar y cobrar en sentido contrario constituye una violación a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, advierten las organizaciones.
El documento también califica la medida como un «retroceso institucional», al contrastarla con lo que ocurre en otras entidades federativas del país, donde este trámite ya es gratuito como una acción de reparación y no discriminación. En contraste, señalan que en San Luis Potosí se mantiene un enfoque recaudatorio que mercantiliza la identidad de las personas trans y no binarias.
Ante este escenario, las colectivas exigen al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo la adopción de medidas inmediatas para garantizar que el trámite sea plenamente accesible. Entre las demandas planteadas se encuentran la implementación de mecanismos administrativos que eviten que el acceso esté condicionado al dinero, la adopción de criterios de exención, subsidio o gratuidad, así como la armonización normativa con los estándares constitucionales y convencionales.
Como parte de esta actualización, las organizaciones invitaron a la ciudadanía a sumarse firmando el posicionamiento, disponible en el siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/pTgiw6jMpPvXprCm8
