El cobro de 1,488 pesos (10.52 UMA) por el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género en San Luis Potosí está profundizando la exclusión social y colocando a personas trans y no binarias en mayor riesgo de violencia y discriminación, denunciaron colectivas durante una rueda de prensa.
Organizaciones como Todes Trans y DignidadEs Todas advirtieron que el pago se ha convertido en una barrera económica real para una población que enfrenta precarización laboral y discriminación estructural. “Para muchas personas trans, pagar este trámite implica decidir entre comer o tener un documento que respalde su identidad”, señalaron.
Las colectivas explicaron que no contar con documentos acordes a la identidad autopercibida genera problemas en el acceso a trabajo, bancos, salud y educación, donde se registran burlas, negación de servicios y tratos indignos. “Cuando nuestros documentos no coinciden con nuestra expresión, se abren espacios de violencia”, indicaron.
También alertaron sobre el impacto en mujeres trans dedicadas al trabajo sexual y en personas que viven fuera de la capital, quienes deben asumir gastos adicionales por traslados, múltiples visitas al Registro Civil y pérdida de ingresos diarios.
Durante la conferencia, se denunciaron presuntos retrasos injustificados y malos tratos por parte del personal del Registro Civil en algunos casos, lo que, señalaron, evidencia la falta de protocolos claros y abre la puerta a la aplicación desigual del derecho. Además, advirtieron afectaciones a la salud mental, al señalar que no contar con documentos acordes a la identidad impacta en la seguridad, la estabilidad emocional y la posibilidad de transitar sin miedo.
De acuerdo con las colectivas, al menos 11 personas han tenido que pagar el trámite en el último año en la capital potosina. El cobro fue incorporado de manera formal en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado modificó la Ley de Hacienda, sin consulta previa a la comunidad trans, según denunciaron.
La colectiva DignidadEs Todas informó que analiza acciones legales contra el cobro y mantiene gestiones con organizaciones de litigio estratégico. Hasta ahora, señalaron, no han sido convocadas por el Congreso ni por el Gobierno del Estado para dialogar sobre la suspensión del pago.
Las organizaciones reiteraron que el reconocimiento legal de la identidad de género debe ser pleno y gratuito. “Esto no es un privilegio ni un favor. Es un derecho humano básico. Mientras se nos cobre por existir legalmente, se nos sigue negando una vida digna”, concluyeron.
