La organización feminista Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C. presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de San Luis Potosí para actualizar la regulación de los delitos sexuales y ampliar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, incorporando de manera expresa la violencia sexual sin contacto físico.
La propuesta plantea reformas a los artículos 252 y 259 para reconocer como delito actos que vulneren la intimidad y la dignidad de las víctimas, aun cuando no exista tocamiento. La iniciativa también establece que habrá responsabilidad penal cuando exista abuso de poder, autoridad o confianza, o cuando la persona afectada no pueda decidir libremente por estar dormida, inconsciente, intoxicada o en situación de vulnerabilidad. Además, elimina que el silencio, la falta de resistencia o una relación previa puedan usarse para justificar la agresión.
“La violencia sexual no se limita al contacto físico; también se ejerce mediante actos que vulneran la intimidad y la dignidad de las personas menores de edad. Es urgente que la ley lo reconozca y sancione”, afirmó Gabriela Alejandra Rodríguez Cárdenas, co-directora de Lúminas, quien añadió que el objetivo es dejar claro que la intimidad y la dignidad de niñas, niños y adolescentes son derechos fundamentales que deben ser protegidos con sanciones efectivas.
La iniciativa también propone endurecer las penas en los casos más graves, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad, cuando hay violencia, participan varias personas o se utilizan sustancias para facilitar el delito, con el fin de cerrar vacíos legales que hoy permiten la impunidad en distintas modalidades de agresión sexual.
El proyecto se sustenta en datos alarmantes. De acuerdo con World Vision México (2021), dos de cada 10 niñas, niños y adolescentes han sido obligados a tener relaciones sexuales. A ello se suman cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que confirman que San Luis Potosí se encuentra entre los estados con mayor incidencia de delitos sexuales. Durante 2025, la entidad registró una tasa de 20.50 delitos de violación simple y equiparada por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional de 15.21.
En un segundo momento, la abogada y especialista Fátima Patricia Hernández Alvizo advirtió que la violencia sexual contra infancias y adolescencias está estrechamente ligada al maltrato infantil y a dinámicas de poder en los espacios más íntimos. Señaló que estas violencias no solo son profundamente traumáticas, sino que se han recrudecido y se combinan con otras formas de crueldad, además de que siguen siendo prácticas normalizadas en muchos hogares. Subrayó que, en la mayoría de los casos, los agresores forman parte del entorno cercano de las víctimas, lo que facilita los abusos y refuerza la necesidad de penas más severas y una sanción social clara.
La iniciativa también recoge testimonios obtenidos en talleres con niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en San Luis Potosí, donde se repitieron relatos de tocamientos no consentidos, comentarios sexuales y otras formas de violencia en ámbitos familiares, escolares y comunitarios que suelen normalizarse. Estas experiencias, trabajadas en la Escuela de Derechos Sexuales para Niñas y Adolescentes “Juntas por una vida libre”, fueron clave para detonar la propuesta de reforma, al evidenciar que la violencia sexual adopta múltiples formas que hoy no siempre están plenamente reconocidas en la ley.
La reforma fue elaborada con asesoría de Equality Now y forma parte del proyecto “Caleidoscopio de acciones por infancias y adolescencias libres de violencia sexual”, impulsado por Lúminas y la Red Libres, con el objetivo de actualizar las definiciones de violación y abuso sexual, fortalecer el marco legal y responder a una realidad documentada de alta incidencia de estos delitos en San Luis Potosí.
