Este lunes 24 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un caso que podría marcar un precedente para la protección de mujeres periodistas en México. Se trata del amparo en revisión 394/2025 promovido por la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, quien se encuentra en situación de desplazamiento forzado interno junto con sus hijas menores de edad.
Ante esta discusión, la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) lanzó un pronunciamiento público en el que expresa su profunda preocupación por el proyecto de resolución que se presentará al pleno.
El proyecto, elaborado en la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, propone negar el amparo, al considerar que el plazo legal de 30 días para solicitar protección es “razonable”.
Para CIMAC, esta visión es peligrosa, ya que aplica la ley de forma rígida y deja de lado el contexto real de violencia, riesgo y desplazamiento que enfrentan las mujeres periodistas.
El caso de Myrna Gómez se originó por agresiones relacionadas con su trabajo periodístico, lo que la obligó a desplazarse para proteger su vida y la de sus hijas. Negar el amparo, advierte CIMAC, afecta directamente la libertad de expresión, ya que manda el mensaje de que informar puede salir caro y que el Estado no garantiza protección efectiva. Un punto central del pronunciamiento es que las hijas de la periodista también son víctimas directas del desplazamiento forzado.
La organización señala que la Corte debe priorizar el interés superior de la niñez, garantizando:
- Seguridad
- Vivienda
- Educación
- Salud
- Estabilidad emocional
CIMAC exhortó a la Suprema Corte a resolver el caso:
- Con perspectiva de género
- Con enfoque de derechos humanos
- Aplicando el principio pro persona
- Advirtió que la decisión que se tome no solo impactará a Myrna Gómez y a sus hijas, sino que sentará un precedente para la protección —o desprotección— de mujeres periodistas en situación de riesgo en todo el país.
