La lupa del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) cayó contra 482 exfuncionarios municipales quienes fueron multados tras detectarse irregularidades en las auditorías a las Cuentas Públicas de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí. Entre los sancionados hay exalcaldes, tesoreros y coordinadores de Desarrollo Social señalados por ocultar información, realizar compras irregulares, no comprobar gastos y obstaculizar los procesos de fiscalización. El monto global de las multas asciende a 3 millones 322 mil pesos, dinero que —subrayó el organismo— deberá salir del bolsillo de cada funcionario responsable y no de las arcas municipales.
El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que las sanciones se formalizaron mediante un Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), desarrollado en forma de juicio, lo que convirtió las multas en créditos fiscales exigibles. “El funcionario público debe pagar de sus propios recursos. Si no lo hace, se hace acreedor a otras sanciones”, advirtió el Auditor Superior. Y las consecuencias pueden escalar: quienes incumplan podrían enfrentar inhabilitación para ocupar cargos públicos o incluso la imposibilidad de participar en próximos procesos electorales.
Lecourtois López concluyó que la multa es distinta al resarcimiento del daño patrimonial. Mientras el resarcimiento busca recuperar recursos públicos o reponer obras cuando se detectan irregularidades materiales, la multa funciona como una medida de apremio personal ante el incumplimiento de obligaciones legales, como la entrega de información o la correcta comprobación del gasto. Ambas figuras forman parte de los mecanismos de control para vigilar el uso del dinero público, pero cumplen funciones distintas dentro del proceso de fiscalización.
