La intención del Ayuntamiento de San Luis Potosí de subastar un terreno municipal en el fraccionamiento Puerta de Piedra generó inconformidad entre vecinos y cuestionamientos en el Congreso del Estado, donde diputados señalaron contradicciones en la postura del gobierno capitalino frente a la defensa de espacios públicos.
Habitantes de la zona solicitaron formalmente al alcalde Enrique Galindo Ceballos detener la venta de un predio ubicado en la calle República de Venezuela, el cual aseguran ha sido rehabilitado por la comunidad y actualmente funciona como área verde y espacio de recreación.
Desde 2024, los vecinos iniciaron un proyecto ecológico para recuperar el terreno mediante reforestación con el método Miyawaki, logrando convertir un espacio árido en un pequeño bosque urbano con árboles nativos y jardines para polinizadores. Incluso, señalan que el sitio ya alberga diversas especies de aves, lo que consideran prueba del impacto ambiental positivo del proyecto.
El predio, sin embargo, forma parte de una lista de 18 inmuebles municipales que el Ayuntamiento pretende subastar para financiar obras de infraestructura, situación que motivó la petición ciudadana para que el espacio sea declarado oficialmente área verde.
El tema llegó al Congreso local, donde el diputado Luis Felipe Castro Barrón, integrante de las comisiones de Ecología y Desarrollo Territorial, calificó como contradictoria la postura del Ayuntamiento, al recordar que hace aproximadamente un año la misma administración se opuso a un proyecto estatal en El Sauzalito argumentando la defensa de un espacio recreativo utilizado por vecinos. “Ellos se opusieron porque ya había árboles y áreas de convivencia… y ahora vemos una situación similar”, señaló.
El legislador adelantó que desde el Congreso podrían emitirse exhortos y solicitudes de información para revisar la situación del predio y el destino de los terrenos que se pretenden subastar.
Por su parte, el diputado César Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial, consideró que si el espacio ha sido rehabilitado por la comunidad como área de convivencia, el Ayuntamiento debería reconsiderar su venta.
Agregó que el Congreso podría analizar el caso y abrir mesas de diálogo con los vecinos, al tratarse de una petición ciudadana respaldada por un esfuerzo comunitario para recuperar un espacio público.
