A casi un año del brutal asesinato de la perrita Hope, colectivos y asociaciones protectoras de animales llevaron al Congreso del Estado un contundente mensaje ciudadano: más de 17 mil firmas que respaldan la iniciativa conocida como Ley Hope, una propuesta que busca endurecer las sanciones contra el maltrato animal en San Luis Potosí.
La documentación fue entregada a los diputados Leticia Vázquez Hernández y Luis Felipe Castro Barrón, integrantes de la Comisión Primera de Justicia, quienes recibieron formalmente el paquete de apoyos que evidencia el amplio respaldo social a la propuesta impulsada por organizaciones animalistas.
Durante la entrega, activistas expusieron que la campaña logró reunir 10 mil 500 firmas autógrafas recabadas directamente entre la ciudadanía y 6 mil 200 apoyos adicionales a través de la plataforma digital Change.org, lo que suma más de 17 mil potosinos que piden sanciones más severas contra quienes ejerzan violencia hacia los animales.
Karla García Tello, integrante de la asociación Huella Amiga, explicó que la recolección de apoyos se realizó tanto de manera presencial como digital, con el objetivo de demostrar que la exigencia de justicia no es solo una causa de colectivos animalistas, sino una preocupación compartida por amplios sectores de la sociedad.
La iniciativa propone incrementar las penas de prisión en los casos más graves de maltrato animal de cuatro a ocho años, además de incluir diversas circunstancias agravantes que podrían aumentar las sanciones hasta en un 50 por ciento. Entre las conductas que agravarían las penas se contemplan actos de zoofilia, violencia extrema o sadismo, la grabación y difusión del maltrato en redes sociales, que el delito sea cometido frente a menores de edad o que el agresor sea un servidor público.
Las organizaciones explicaron que uno de los puntos clave de la propuesta es que, al superar las penas los cinco años de prisión, los responsables ya no podrían acceder a salidas alternas como la reparación del daño, un mecanismo que actualmente permite que muchos casos concluyan con el pago de una compensación económica. “Cuando las sanciones son iguales o menores a cinco años alcanzan la salida alterna a través de la reparación del daño”, explicaron las activistas, al señalar que en algunos casos el agresor únicamente cubre gastos mínimos. “La cremación es de 2 mil o 3 mil pesos, te los pago y salgo libre”, denunciaron.
La propuesta legislativa surge, entre otros antecedentes, tras el caso de Hope, una perrita que fue asesinada con extrema violencia en abril del año pasado y cuyo caso generó indignación social en la entidad. “Nosotros quisiéramos que esto fuera antes, para que al menos ya tenga voz”, expresaron activistas durante la presentación de la iniciativa.
