El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) resolvió dentro del expediente PSE-01/2026 la procedencia de medidas cautelares tras una denuncia por presuntos actos de violencia política en razón de género contra la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, en un hecho considerado sin precedentes en San Luis Potosí por involucrar directamente a una mujer en funciones jurisdiccionales.
De acuerdo con el organismo electoral, las medidas son provisionales y tienen como finalidad proteger los derechos de la denunciante, además de establecer mecanismos de supervisión para garantizar que se cumplan por parte de las autoridades correspondientes.
El CEEPAC analizó la difusión de contenidos en redes sociales, especialmente un video viral donde la jueza aparece en un contexto de confrontación dentro de un órgano jurisdiccional. Según la resolución, la forma en que dicho material se ha difundido y amplificado podría ir más allá del interés público informativo, al incluir elementos que la colocan en una posición de descrédito, vulnerabilidad y cuestionamiento de su capacidad para ejercer el cargo.
El organismo advirtió que el tratamiento del contenido podría rebasar el escrutinio legítimo y convertirse en una narrativa que deslegitima el actuar de una mujer en funciones públicas, reproduciendo estereotipos y configurando posibles expresiones de violencia simbólica. En el documento, el Consejo recordó que la violencia política de género puede manifestarse mediante difamación, injurias, descalificaciones basadas en estereotipos, o acciones que afecten el ejercicio de derechos políticos y el desempeño público de las mujeres.
Por ello, se ordenó implementar acciones enfocadas en la remoción de contenidos digitales relacionados con estas conductas y el seguimiento institucional para verificar su cumplimiento, conforme a la normatividad vigente.
Este caso ocurre en medio de una creciente visibilización de agresiones contra mujeres en espacios judiciales, donde la presión social y los ataques mediáticos han encendido el debate sobre la necesidad de garantizar entornos libres de violencia para quienes ejercen funciones de decisión.
El procedimiento continuará conforme a las etapas legales, y el CEEPAC precisó que estas determinaciones se limitan al análisis del contenido difundido y su posible impacto, sin prejuzgar otros aspectos del caso.
Antecedente del conflicto
La controversia estalló luego de una denuncia ciudadana relacionada con una resolución de custodia emitida por la jueza durante una audiencia del 16 de diciembre de 2025, donde ordenó la entrega inmediata de un menor a su madre, pese a que, según los señalamientos difundidos, existían antecedentes considerados de riesgo y una carpeta de investigación abierta que recomendaba evitar el contacto hasta concluir valoraciones psicológicas.
Tras la resolución, familiares y allegados del padre habrían increpado a la jueza, la acusaron de corrupción y la amenazaron. Parte de esas agresiones quedaron registradas en un video que se viralizó, provocando indignación y reacciones públicas, al considerarse un ataque directo contra una servidora pública en ejercicio de su función. Hasta ahora, no se han emitido posicionamientos oficiales adicionales.
