- La contienda rumbo a 2027 no bastaría con querer competir… ahora habría que ser certificado por el propio Estado.
La iniciativa impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, propone que toda persona aspirante a un cargo de elección popular —desde regidores hasta la gubernatura— deba obtener una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para poder registrarse.
Ese certificado no lo emitiría un órgano autónomo, sino el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. Es decir, una instancia estatal sería la encargada de evaluar —y en los hechos, abrir o cerrar la puerta— a quienes busquen aparecer en la boleta. Las pruebas incluirían evaluaciones médicas, psicológicas, toxicológicas, análisis socioeconómico e incluso poligrafía.
El argumento del legislador es según indica para fortalecer la democracia, evitar infiltración del crimen y garantizar perfiles confiables. Aunque la propuesta señala que la autoridad electoral —como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana— solo verificaría la existencia del certificado sin calificarlo, en la práctica el requisito se vuelve determinante.
La iniciativa no aparece en un vacío. Llega en medio de un escenario político ya cargado:
- El Partido Acción Nacional acusa actos anticipados de campaña
- Morena y el PVEM mantienen tensiones por reglas y posibles candidaturas
- Y el propio Verde ha planteado competir sin alianzas
Ahora, además de alianzas y votos, el debate se traslada a quién pone las reglas de entrada.
En paralelo, también se discute recortar campañas a 45 días para todos los cargos, buscando —según sus promotores— mayor equidad y menor gasto.
La propuesta pone sobre la mesa que no solo es quién gana elecciones… sino quién puede competir en ellas. Y en San Luis Potosí, esa decisión podría pasar —literalmente— por un examen avalado por el Estado.
