La iniciativa que busca obligar a las y los aspirantes a cargos de elección popular en San Luis Potosí a aprobar exámenes de control y confianza antes de registrarse como candidatos ya comenzó a generar posturas encontradas entre actores políticos, alcaldes y legisladores, quienes coinciden en la necesidad de blindar las elecciones de 2027, pero advierten riesgos si el Estado termina decidiendo quién puede competir.
La propuesta, impulsada por el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés, plantea crear una “Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad” que sería expedida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado mediante pruebas psicológicas, toxicológicas, médicas, socioeconómicas y poligráficas similares a las que se aplican a corporaciones de seguridad.
En medio del debate, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos respaldó la idea de aplicar controles a quienes busquen cargos públicos, aunque pidió que las evaluaciones se realicen por instancias federales y no locales, para evitar sospechas de manipulación política. “Que no se haga en la cancha estatal”, advirtió el edil, al señalar que este tipo de pruebas son altamente invasivas y requieren absoluta neutralidad. Incluso recordó que él mismo ha sido evaluado seis veces durante su trayectoria policial y consideró necesario cuidar quién tendría acceso a esa información.
Las opiniones dentro del Congreso también comenzaron a polarizarse. Desde el PAN, el coordinador Rubén Guajardo Barrera consideró que el tema abre una discusión necesaria para impedir que perfiles ligados al crimen organizado lleguen a candidaturas, aunque reconoció que deberán construirse mecanismos que no violen derechos constitucionales ni permitan arbitrariedades.
En contraste, la diputada de Morena Gabriela López Torres expresó preocupación porque el propio Estado sea quien aplique los filtros. “El Estado no puede ser juez y parte”, sostuvo la legisladora, quien además criticó que la iniciativa fuera presentada sin tiempo suficiente para su análisis previo y pidió mesas técnicas con especialistas para revisar posibles afectaciones a los derechos político-electorales.
Por su parte, la diputada priista Frinné Azuara Yarzábal respaldó la propuesta al considerar que el contexto de violencia y la infiltración del crimen organizado en procesos electorales obligan a establecer controles más estrictos, aunque admitió que existe el riesgo de que el mecanismo pueda utilizarse políticamente. “Claro que hay riesgos, pero son riesgos necesarios en este momento”, declaró.
Mientras tanto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró su respaldo a la iniciativa y defendió que los controles de confianza pueden convertirse en una herramienta para evitar que personas coludidas con grupos criminales lleguen al poder. Además, propuso que la Fiscalía General de la República participe en las evaluaciones de aspirantes a cargos federales para generar mayor confianza.
La propuesta todavía se encuentra en análisis en comisiones legislativas y, de avanzar, modificaría la Constitución local, la Ley Electoral y la Ley de Control de Confianza, convirtiendo la certificación en un requisito obligatorio para competir en las elecciones de 2027.
