El caso Puerta de Piedra ya no solo está en tribunales. Ahora llegó al Congreso del Estado. Vecinos y promoventes del amparo contra la subasta de terrenos municipales solicitaron formalmente la intervención del Poder Legislativo para revisar la legalidad y el impacto urbano y ambiental de la venta impulsada por el Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos.
El nuevo frente surge mientras el gobierno municipal insiste en que los terrenos “no están registrados” como parque o bosque urbano y, por ello, podían ser subastados. Sin embargo, los vecinos llevaron al Congreso documentos oficiales que apuntan a otra clasificación: equipamiento urbano.
En el escrito entregado a la Junta de Coordinación Política y a diversas comisiones legislativas, los promoventes señalaron que los predios identificados como 7, 8, 9, 10, 11 y 12 dentro de la Subasta Pública 01/2026 abarcan en conjunto más de 25 mil metros cuadrados en el entorno de Puerta de Piedra. Y sostienen algo central que según cartografía oficial del Implan, esos espacios aparecen clasificados como “equipamiento urbano”. Es decir, no serían únicamente lotes disponibles para venta, sino áreas relacionadas con servicios, infraestructura y uso común para la población.
Por un lado, el alcalde declaró recientemente: “No lo hemos hecho porque nosotros como Ayuntamiento no está registrado como parque ni jardín ni bosque”. Incluso reconoció que el municipio nunca realizó estudios ambientales previos para determinar el valor ecológico del área antes de incluirla en la subasta. Del otro lado, vecinos argumentan que el problema no depende solo del nombre oficial del predio, sino de la función ambiental y urbana que cumple actualmente. En el documento entregado al Congreso señalaron: “Los predios no deben analizarse únicamente como bienes inmuebles aislados, sino como parte de la infraestructura ambiental urbana”.
Los promoventes sostienen que estos espacios cumplen funciones relacionadas con: regulación térmica; infiltración y recarga de agua; biodiversidad; espacios públicos y tejido urbano Por ello, consideran que su venta no puede verse solo como una decisión administrativa o patrimonial.
Como parte de los anexos entregados al Congreso, vecinos incluyeron la suspensión definitiva concedida dentro del amparo 474/2026. En esa resolución, el Juzgado Segundo de Distrito ordenó mantener las cosas en el estado actual: sin entrega material de los terrenos, sin modificaciones al área verde, sin alteraciones mientras continúa el juicio Además, la jueza reconoció preliminarmente que los vecinos tienen interés legítimo para defender la zona por las posibles afectaciones ambientales y urbanas derivadas del proyecto.
Los habitantes solicitaron al Congreso revisar técnicamente la desincorporación de los terrenos; verificar si la venta es congruente con la planeación urbana; transparentar el procedimiento e instalar una mesa técnica con autoridades y ciudadanos. Mientras el Ayuntamiento sostiene que los terrenos podían venderse porque no estaban registrados como bosque o parque, vecinos responden con planos oficiales, criterios ambientales y una suspensión judicial que mantiene frenada la operación.
