San Luis Potosí recibió por cuarto año consecutivo el reconocimiento internacional «Ciudad Árbol», pero el anuncio llegó acompañado de una incómoda realidad: el Ayuntamiento enfrenta una creciente batalla jurídica por la venta de terrenos municipales que ciudadanos buscan proteger por su valor ambiental y comunitario. El alcalde Enrique Galindo Ceballos celebró este fin de semana la obtención del distintivo otorgado por la FAO y la Arbor Day Foundation, un reconocimiento que premia a las ciudades que impulsan políticas de protección, conservación y fortalecimiento del arbolado urbano.
Sin embargo, mientras el gobierno municipal presume su compromiso con la llamada «infraestructura viva» de la ciudad, jueces federales mantienen vigentes suspensiones derivadas de amparos promovidos precisamente para impedir la venta de espacios que vecinos consideran áreas verdes y de equipamiento urbano. La propia administración municipal sostiene en documentos oficiales que los árboles son fundamentales para regular la temperatura, captar agua de lluvia, reducir contaminantes y generar espacios de convivencia social.
En la Gaceta Municipal donde se instauró el Día Municipal del Árbol, el Ayuntamiento presume la plantación de más de 230 mil árboles a través del programa Pulmones Urbanos, estrategia que sirvió como base para obtener el reconocimiento internacional.
Pero al mismo tiempo, el gobierno municipal impulsó la Subasta Pública 01/2026, mediante la cual autorizó la venta de diversos terrenos municipales, entre ellos predios ubicados en Puerta de Piedra que hoy se encuentran protegidos por resoluciones judiciales.
La controversia no radica únicamente en la venta de los terrenos, sino en la postura asumida por el propio Ayuntamiento. Recientemente, Galindo reconoció que el municipio no realizó estudios ambientales ni censos técnicos para determinar el valor ecológico del predio de Puerta de Piedra antes de incluirlo en la subasta. La justificación fue que el terreno no estaba registrado oficialmente como parque, jardín o bosque urbano.
Es decir, mientras vecinos presentaron evidencia de reforestación, especies vegetales y actividades comunitarias desarrolladas durante años en el lugar, la administración municipal sostiene que el espacio no puede ser considerado bosque porque administrativamente nunca fue reconocido como tal.
Hasta el momento existen tres juicios de amparo relacionados con la subasta de terrenos municipales. Dos cuentan con suspensión definitiva y uno más con suspensión provisional.
En el caso de Puerta de Piedra, los jueces determinaron que existe materia suficiente para mantener protegida la zona mientras se analiza el fondo del asunto, aplicando criterios de precaución ambiental. Incluso el Poder Judicial reconoció preliminarmente que los habitantes tienen interés legítimo para defender el entorno urbano y ambiental donde viven.
El pasado 30 de mayo, durante actividades ambientales realizadas en la capital, habitantes involucrados en la defensa del predio lanzaron un mensaje directo: “Son de ustedes y son de todos los potosinos y están destinados para el equipamiento urbano. Están destinados para áreas verdes”.
El reconocimiento «Ciudad Árbol» coloca a San Luis Potosí como ejemplo de conservación urbana ante organismos internacionales. Pero al mismo tiempo, la administración municipal enfrenta recursos judiciales, cuestionamientos ciudadanos y resoluciones federales relacionadas con la venta de terrenos que los propios habitantes consideran parte de esa infraestructura ambiental que el gobierno presume proteger.
Mientras el Ayuntamiento celebra un premio por sembrar árboles, los tribunales revisan si algunos de los espacios que ayudan a sostener ese equilibrio ambiental podían ser vendidos sin afectar el interés colectivo.
