La audiencia inicial contra el hombre de 90 años señalado por el presunto asesinato de los perros Laika y Solovino fue nuevamente aplazada, luego de que el imputado presentara un justificante médico en el que asegura padecer diversas enfermedades crónicas que le impiden acudir al juzgado.
El documento, enviado por correo electrónico el pasado 22 de junio y firmado por el médico internista Marco Ulises Rubio, señala que el acusado presenta hipertensión, osteoporosis, insomnio, colitis nerviosa y otros padecimientos propios de su edad, por lo que solicita un periodo de incapacidad de 15 días.
Sin embargo, durante la audiencia, la representación legal de la víctima cuestionó la validez del justificante al señalar que el documento no explica de qué manera esos padecimientos le impiden comparecer específicamente a la audiencia. Incluso, destacó que el propio certificado reporta una presión arterial de 130/80, considerada dentro de parámetros normales, además de otros indicadores clínicos estables. La defensa también sostuvo que, aun cuando existiera alguna limitación física, el imputado pudo haber solicitado participar mediante videoconferencia, por lo que consideró injustificada su ausencia.
Por su parte, los abogados del acusado respondieron que no pueden desestimarse criterios médicos con base en opiniones de personas que no son especialistas. Solicitaron que el doctor que emitió el certificado comparezca para ratificar su contenido o, en su defecto, que un médico legista del Estado valore la condición de salud del imputado.
Tras escuchar a ambas partes, el juez determinó que el justificante médico no era suficiente para justificar la inasistencia, por lo que anunció la imposición de una multa. No obstante, debido a que el imputado promovió un juicio de amparo, la audiencia fue reprogramada.
Aunque la diligencia deriva del ataque ocurrido en la cancha Los Delfines, donde fueron agredidos a balazos Laika y Solovino, la audiencia únicamente contempla el caso de Laika. Esta situación provocó el rechazo del Colectivo Ley Hope, cuyos integrantes denunciaron que la Fiscalía General del Estado dejó fuera del proceso a Solovino, pese a que ambos perros fueron víctimas del mismo hecho. Los activistas señalaron que resulta preocupante que el acceso a la justicia dependa de que un animal tenga una familia que lo represente, pues Solovino vivía en situación de calle. El colectivo hizo un llamado a la Fiscalía para que judicialice también el caso de Solovino y garantice un trato igualitario para ambas víctimas, al advertir que el precedente que deje este proceso será determinante para futuros casos de crueldad animal en San Luis Potosí.
El caso de Laika y Solovino provocó una fuerte movilización ciudadana desde finales de mayo, cuando se difundió un video que presuntamente muestra el ataque con arma de fuego contra ambos perros en un campo deportivo de Soledad de Graciano Sánchez. Desde entonces, colectivos animalistas han realizado marchas y protestas para exigir que el presunto responsable enfrente todo el proceso penal y para impulsar la aprobación de la denominada Ley Hope, una iniciativa que busca endurecer las sanciones por crueldad animal y evitar que este tipo de delitos queden impunes.
