Las organizaciones advirtieron que San Luis Potosí encabeza el país en agresiones contra mujeres periodistas y pidieron derogar los artículos más polémicos de la llamada Ley Serrano.
La controversia por la Ley Serrano escaló a nivel nacional. Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas emitieron un pronunciamiento para condenar las declaraciones del diputado Héctor Serrano Cortés contra la periodista Magui Zacarías, a quien descalificó durante la cobertura de las protestas realizadas el pasado 23 de junio en el Congreso del Estado.
Las organizaciones señalaron que el legislador intentó desacreditar su labor al llamarla «activista política», cuestionar quién puede asumirse como periodista y advertir sobre posibles acciones legales en su contra, lo que calificaron como una forma de estigmatización y deslegitimación del ejercicio periodístico.
San Luis Potosí, primer lugar en agresiones
CIMAC recordó que San Luis Potosí concentra el mayor número de agresiones contra mujeres periodistas en el país, con seis de los 38 casos documentados entre marzo y mayo de este año, situación que refleja un entorno cada vez más adverso para el ejercicio de la libertad de expresión. Las organizaciones subrayaron que la descalificación hacia las mujeres periodistas ha sido una constante en la entidad y ha sido documentada por diversos organismos de defensa de derechos humanos.
«Ser periodista no depende de un título»
El pronunciamiento rechaza las declaraciones de Serrano sobre quién puede ejercer el periodismo y recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que esta actividad no está limitada a quienes cuentan con un título profesional, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera ilegítimo exigir acreditaciones para ejercerla.
Piden detener la criminalización
CIMAC y la Red Nacional hicieron un llamado al diputado para abstenerse de emitir expresiones que estigmaticen a periodistas; al Congreso del Estado para defender la libertad de expresión; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas para pronunciarse sobre la agresión, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal.
El posicionamiento se suma a las críticas nacionales que enfrenta la Ley Serrano, una reforma que ha sido señalada por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos por su posible impacto en la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en San Luis Potosí.
Video de la entrevista https://www.facebook.com/reel/2814260975602920
