- A casi seis meses de haber asumido funciones, el Mecanismo Estatal de Protección no ha sostenido una presentación formal con periodistas, pese al contexto de agresiones y a las críticas nacionales e internacionales por la Ley Serrano.
La recién instalada Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado comenzó sus trabajos con la promesa de impulsar reformas, mesas de diálogo y acciones para fortalecer la protección del gremio. Sin embargo, el arranque dejó una nueva interrogante: la ruta de trabajo fue elaborada en coordinación con el Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una instancia que desde el inicio de su nueva administración permanece prácticamente ausente ante el propio gremio periodístico.
La presidenta de la comisión, Dolores Robles Chairez, confirmó que el plan de trabajo fue diseñado directamente con el mecanismo estatal y aseguró que se trata de una estrategia institucional enfocada en las atribuciones legislativas. «Tenemos una organización y un objetivo que van a conocer. Es una planeación que se trabaja directamente con el mecanismo de protección también… somos un tema totalmente institucional y legislativo. Es un planteamiento perfectible y podemos tener ese diálogo conforme vayamos dando seguimiento», declaró.
Entre las acciones anunciadas destacan la realización de capacitaciones permanentes, foros de análisis, mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio Mecanismo de Protección, además de impulsar reformas en materia de ciberseguridad, protección digital y combate a la violencia contra periodistas.
Un mecanismo que sigue sin acercarse al gremio
El anuncio ocurre en un contexto en el que el Mecanismo Estatal de Protección, cuya nueva integración debió iniciar funciones en febrero, aún no ha sido presentado oficialmente ante periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Desde entonces, su actividad pública ha sido mínima y se ha limitado prácticamente a la emisión de un comunicado institucional, mientras el estado ha enfrentado una escalada de cuestionamientos por la criminalización de periodistas derivada de la llamada Ley Serrano, caso que incluso motivó pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales como Artículo 19 y la incorporación de comunicadores al Mecanismo Federal de Protección.
La propia coordinadora del mecanismo estatal, Verónica Onofre Serment, informó que actualmente mantienen entre 80 y 100 expedientes abiertos, de los cuales entre 14 y 20 corresponden a personas incorporadas al mecanismo federal, mientras que alrededor de 20 periodistas cuentan con medidas de protección o cautelares en San Luis Potosí. La mayoría de los casos corresponden a amenazas contra periodistas de la zona metropolitana y la región Media.
También explicó que cuando las denuncias involucran a alguna autoridad integrante del propio mecanismo estatal, el expediente debe canalizarse al mecanismo federal para preservar la imparcialidad.
El gremio exige resultados, no simulación
Durante la instalación de la comisión, periodistas cuestionaron que el órgano haya surgido como reacción a la presión social y no como una política preventiva del Congreso. El periodista Pepe Alemán pidió que el nuevo órgano no se convierta en un espacio de simulación y propuso condicionar la asignación de publicidad oficial a empresas periodísticas que garanticen seguridad social para sus trabajadores, además de crear un fideicomiso de apoyo para comunicadores que enfrenten enfermedades o emergencias.
Por su parte, el periodista Ignacio Acosta denunció que el propio Mecanismo Estatal de Protección no respondió a una solicitud de medidas precautorias que presentó tras denunciar presuntas intimidaciones por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal, por lo que solicitó exhortar a esa instancia para que cumpla con sus responsabilidades.
Asimismo, periodistas exigieron avances en investigaciones por agresiones contra comunicadores, la designación de un enlace especializado en la Fiscalía General del Estado y una ruta de trabajo con metas y plazos claros para evitar que la comisión se limite únicamente a sostener reuniones.
Promesas legislativas
En respuesta, la secretaria de la comisión, Sara Rocha Medina, anunció que impulsará una iniciativa para garantizar seguridad social y derechos laborales para periodistas, además de promover un exhorto dirigido a empresas de comunicación para que inscriban a sus trabajadores al sistema de seguridad social.
La instalación de la comisión ocurre apenas unos días después de que el Congreso concluyera el periodo ordinario dejando pendientes las iniciativas para modificar o derogar la Ley Serrano, legislación que mantiene abierta una discusión nacional sobre libertad de expresión y regulación de la inteligencia artificial. Mientras tanto, el principal órgano estatal encargado de proteger a periodistas continúa sin un acercamiento formal con el sector al que debe atender.
