Luego de que la paraestatal asegurara que las solicitudes para el uso de material explosivo no están relacionadas con proyectos de fracturación hidráulica (fracking), el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) respondió que el comunicado contiene contradicciones y llamó a las comunidades a mantener las movilizaciones hasta lograr la prohibición legal de esta técnica.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del OIM, afirmó que la tarjeta informativa difundida por Pemex confirma, por primera vez, que los oficios enviados a los ayuntamientos son auténticos, aunque, a su juicio, busca «calmar la preocupación social» al desvincularlos de proyectos de fracking.
El activista señaló que la empresa centra su explicación en el municipio de San Antonio, pero omite que documentos similares han llegado a otros municipios de la Huasteca, entre ellos Tamuín, Ébano, Ciudad Valles, San Vicente Tancuayalab, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo, Tancanhuitz, Coxcatlán, Axtla de Terrazas, Matlapa, Tamazunchale y Xilitla, zonas que, aseguró, coinciden con el área contemplada en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.
Uno de los principales cuestionamientos del Observatorio es la afirmación de Pemex de que el fracking no utiliza explosivos. Cisneros Sánchez sostuvo que, aunque la fracturación hidráulica se realiza con agua y químicos, previamente se llevan a cabo estudios sísmicos que requieren detonaciones controladas para conocer las características del subsuelo. «Nadie puede hacer fracking sin antes meter dinamita para mapear el terreno. Decir que los explosivos son solo para estudios sísmicos es como decir que van a comprar los ladrillos, pero que no planean construir una casa. Es el primer paso obligatorio», afirmó.
También cuestionó que Pemex argumente que los permisos son únicamente para mantener vigente la autorización federal y atender posibles contingencias en pozos antiguos de los campos San Pedro y Limón. «Si son pozos viejos y no hay planes de utilizarlos, ¿por qué tramitar permisos de explosivos precisamente ahora?», planteó.
Además, el OIM sostuvo que, al reconocer la autenticidad de los oficios, Pemex también admite que inició estos trámites sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, como exigen la Constitución y tratados internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la OIT.
Frente a este escenario, el Observatorio pidió a las comunidades no dejarse «confundir por los tecnicismos» utilizados por la empresa y continuar con los foros, movilizaciones y acciones jurídicas para exigir la cancelación de los permisos relacionados con explosivos y la prohibición definitiva del fracking en la Huasteca Potosina.
