San Luis Potosí se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo siendo mujer durante el segundo trimestre del año. Así lo revela el más reciente informe de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), que coloca a la entidad con el mayor número de agresiones registradas a nivel nacional.
Entre abril y junio, CIMAC documentó 38 agresiones contra mujeres periodistas en México, de las cuales seis ocurrieron en San Luis Potosí, superando a entidades como Coahuila, Aguascalientes, Estado de México y Ciudad de México, que registraron cuatro casos cada una. La organización advierte un escenario nacional donde la violencia psicológica sigue siendo la forma de agresión más recurrente, seguida de la violencia física, las amenazas, campañas de desprestigio, intimidación, hackeos, bloqueo informativo e incluso detenciones arbitrarias.
El estudio confirma un patrón que CIMAC ha documentado durante años: la fuente política continúa siendo la más peligrosa para las mujeres periodistas. De los casos analizados, 20 estuvieron relacionados con coberturas políticas, mientras que 11 ocurrieron durante la cobertura de temas de derechos humanos, precisamente dos de las agendas que con mayor frecuencia desarrollan periodistas en San Luis Potosí. Los medios digitales también permanecen como el principal objetivo de las agresiones, al concentrar casi siete de cada diez casos registrados en el país.
El liderazgo de San Luis Potosí en este nuevo reporte no representa un episodio aislado.
De acuerdo con el registro histórico de CIMAC, entre julio de 2012 y junio de 2026 se han documentado 81 agresiones contra mujeres periodistas en la entidad, de las cuales 30 tuvieron como presuntos responsables a personas servidoras públicas, un dato que evidencia que la violencia contra la prensa no proviene únicamente del crimen o de particulares, sino también desde el poder. Este nuevo informe se publica en un momento especialmente delicado para la libertad de expresión en San Luis Potosí.
Desde noviembre de 2025, cuando fue aprobada la reforma al Código Penal conocida como «Ley Serrano», organizaciones nacionales e internacionales han advertido que su redacción podría utilizarse para inhibir el ejercicio periodístico y criminalizar la libertad de expresión.
En los últimos meses, la legislación ha derivado en investigaciones, órdenes de aprehensión y procesos penales contra personas comunicadoras, además de motivar acciones de inconstitucionalidad, pronunciamientos de organismos de derechos humanos y movilizaciones ciudadanas que exigen su derogación.
Aunque CIMAC no atribuye directamente el incremento de agresiones a esta reforma, sí la incorpora como un antecedente indispensable para comprender el contexto de riesgo que enfrenta actualmente el periodismo en la entidad.
