El colectivo Pedaleando SLP lanzó un duro reclamo al Ayuntamiento de San Luis Potosí tras el anuncio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de analizar restricciones para la circulación de vehículos eléctricos luego del accidente mortal ocurrido el pasado 17 de julio en el Distribuidor Juárez.
Para el colectivo, la propuesta no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, representa un intento de responsabilizar a los usuarios más vulnerables de las fallas en materia de seguridad vial. «Nuestra postura es de absoluto rechazo. Es una respuesta errónea, negligente e inaceptable. Teniendo la obligación legal de pacificar las calles, la única respuesta que ofrecen es proponer restricciones o prohibiciones», afirmó Víctor Hernández, especialista en movilidad inclusiva e integrante de Pedaleando SLP.
Como parte de esta exigencia, el colectivo informó que este miércoles entregó oficios a las direcciones de Obras Públicas, Policía Vial, Tesorería, Comunicación Social y a la Comisión de Movilidad del Cabildo, con el objetivo de exigir que el gobierno municipal cumpla con el Acuerdo de Cabildo del proyecto «Cruces Seguros», aprobado previamente y que, aseguran, sigue sin aplicarse.
Entre las demandas se encuentra la presentación de un plan técnico de intervención basado en la NOM-004-SEDATU-2023, la asignación de presupuesto para infraestructura segura, informes sobre el avance de las obras y la puesta en marcha de campañas de educación vial que, señalaron, debieron iniciar desde hace tiempo.
Hernández aclaró que el colectivo no está en contra de regular aquellos vehículos eléctricos que, por su velocidad o características, requieran reglas específicas. Sin embargo, advirtió que esa regulación resulta inviable en San Luis Potosí porque la ciudad carece de infraestructura adecuada. «Si van a regularlos como motocicletas, ¿dónde están las ciclovías? ¿Dónde está la red de infraestructura segregada para distinguir esos vehículos? Simplemente no existe», cuestionó.
El activista aseguró que cuando las autoridades hablan de «regular», en realidad buscan prohibir. «Cuando la autoridad habla de regular sabemos que en los hechos lo único que pretende es prohibir, y eso es absurdo», sostuvo.
Además, advirtió que culpar a quienes se desplazan en bicicleta o en vehículos de movilidad personal cada vez que ocurre un siniestro genera un precedente peligroso. «¿Qué va a pasar la próxima vez que un automovilista atropelle a un ciclista, a un peatón o a un usuario de scooter? ¿También van a prohibirles usar las calles? Eso solo encubre la incapacidad que tienen para gestionar la velocidad y proteger a las personas», señaló.
En un posicionamiento público, Pedaleando SLP acusó a la SSPC de desconocer un principio básico de la movilidad moderna: las calles deben diseñarse para proteger la vida y no para privilegiar la velocidad de los automóviles.
El colectivo recordó que el error humano es inevitable, por lo que las vialidades deben estar diseñadas para minimizar sus consecuencias y proteger a los usuarios más vulnerables, en lugar de responder con medidas punitivas.
Finalmente, exigieron al Ayuntamiento dejar de postergar sus obligaciones y comenzar a ejecutar las acciones que ya establece el proyecto Cruces Seguros.
«La exigencia es que dejen de eludir su responsabilidad y comiencen a aplicar la infraestructura y las políticas de seguridad vial que por ley ya están obligados a cumplir», concluyó Hernández.
con información de Astrolabio
