La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) decidió no promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las recientes reformas a la Ley Electoral del Estado, pese a la solicitud de un grupo de ciudadanos que acusa al Congreso de legislar nuevamente sin consultar a personas con discapacidad ni a pueblos y comunidades indígenas.
La negativa fue confirmada este viernes, luego de que los promoventes permanecieran cerca de cinco horas en las instalaciones de la Comisión esperando una respuesta sobre el proyecto de demanda que habían entregado para su revisión y eventual firma por parte de la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
La activista Catalina Torres recordó que la petición fue presentada hace dos semanas y señaló que el objetivo era que la Comisión ejerciera su facultad para impugnar las reformas publicadas el 29 de junio, al considerar que incumplen una sentencia de la Suprema Corte que obliga al Congreso a realizar consultas previas a estos sectores antes de modificar su representación política.
Para facilitar el proceso, el abogado Luis González Lozano entregó un proyecto de demanda de 111 páginas. Sin embargo, tras varias horas de espera, el organismo notificó que no presentará la acción de inconstitucionalidad.
Durante la protesta, los inconformes cuestionaron el cambio de postura de la CEDH y acusaron al organismo de evitar confrontar las reformas impulsadas por la actual administración estatal. También criticaron que el Congreso continúe argumentando falta de recursos para realizar las consultas ordenadas por la SCJN.
Ante la negativa, el grupo anunció que acudirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar que sea ese organismo quien presente la acción de inconstitucionalidad antes de que venza el plazo legal. La decisión de la CEDH se da semanas después de que el Congreso del Estado desechó el juicio político promovido en 2024 contra su presidenta, al concluir que no existían elementos jurídicos para iniciar ese procedimiento. Ahora, el organismo vuelve a quedar en el centro del debate por su decisión de no impugnar una reforma electoral cuestionada por presuntas violaciones al derecho de consulta.
