“El bosque no se vende, se cuida y se defiende”, advierten vecinos que ahora exigen declarar el predio como Área Natural Protegida.
La batalla por Puerta de Piedra ya no es un simple pleito entre vecinos y Ayuntamiento. Con tres juicios de amparo vigentes y suspensiones judiciales, la comunidad ahora va por un objetivo mayor: blindar legalmente el área verde y convertirla en Área Natural Protegida. El Colectivo Ciudadano Bosque Urbano Puerta de Piedra arremetió contra las recientes declaraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos y rechazó que el Ayuntamiento haya desistido voluntariamente de la venta del predio. Los vecinos sostienen que fue la resistencia jurídica ciudadana y las resoluciones de la justicia federal las que obligaron a frenar la operación.
Y los números están sobre la mesa: los amparos 474/2026, 349/2026 y 672/2026 ya han conseguido suspensiones contra actos relacionados con la Subasta Pública 01/2026. Dos cuentan con suspensión definitiva y uno con suspensión provisional.
El conflicto comenzó con el acuerdo de Cabildo del 11 de febrero de 2026, mediante el cual se autorizó la desincorporación de 18 inmuebles municipales para venderlos y obtener hasta mil 100 millones de pesos destinados a infraestructura. Pero Puerta de Piedra terminó en los tribunales.
Los vecinos aseguran haber transformado el terreno con años de trabajo comunitario, utilizando recursos propios y reforestando el espacio con más de 120 especies vegetales. También señalan que existen registros técnicos y de avifauna incorporados a los procesos judiciales. Por eso cuestionan que desde el Ayuntamiento se minimice el valor ambiental del sitio.
El colectivo dejó claro que no pretende conformarse con que la subasta quede temporalmente detenida. Ahora exige una declaratoria formal de Área Natural Protegida, para evitar que el terreno vuelva a ser puesto en venta por cualquier administración.
La disputa, además, ya abrió un debate mucho mayor sobre los límites del Ayuntamiento para desincorporar patrimonio público, la protección de áreas verdes, la participación ciudadana y el derecho a la ciudad. Mientras Galindo defiende la legalidad de la subasta, los tribunales mantienen abiertas varias controversias y los vecinos anuncian que no bajarán la guardia. “El bosque no se vende, se cuida y se defiende” apuntan.
