El colectivo Voces instaló un plantón en la sede del organismo y cuestionó que la Recomendación 10/2026, relacionada con Héctor Serrano y el rector de la UASLP, avanzara mientras otras denuncias llevan años sin respuesta.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí enfrenta una nueva crisis de credibilidad. Integrantes del colectivo Voces y otros ciudadanos instalaron un plantón en las oficinas del organismo, ubicadas en el barrio de Tequisquiapan, para exigir la renuncia de su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, y de la visitadora Begoña Castillo, a quienes acusan de privilegiar asuntos con relevancia política mientras presuntamente desatienden a víctimas de violaciones a derechos humanos.
La protesta se intensificó tras la emisión de la Recomendación 10/2026, relacionada con la queja del diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra. Los manifestantes cuestionaron que el organismo emitiera una recomendación en un plazo aproximado de seis meses, mientras otros expedientes ciudadanos permanecen abiertos durante años, según denunciaron.
Los inconformes advirtieron que mantendrán su protesta hasta obtener una respuesta a sus demandas y reiteraron que no se trata únicamente de la resolución relacionada con el legislador, sino de lo que consideran un problema estructural de atención, seguimiento y acceso a la justicia.
Madres buscadoras, personas con discapacidad y pueblos originarios, entre los reclamos
Entre las principales exigencias está la atención a casos de personas desaparecidas y a las demandas de madres buscadoras, así como a víctimas de trata, integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad y personas que consideran injustamente encarceladas.
Las y los manifestantes también denunciaron presuntos casos de discriminación, violencia institucional y maltrato por parte de personal de distintas visitadurías. A su juicio, la Comisión ha dejado de responder a su función esencial de proteger a las víctimas y se ha convertido, en muchos casos, en una instancia que recibe trámites sin ofrecer soluciones oportunas.
La activista Catalina Torres Cuevas cuestionó el funcionamiento del organismo y sostuvo que la CEDH debe rendir cuentas sobre los tiempos de resolución, el seguimiento de las quejas y los resultados concretos de su intervención en casos de presuntos abusos de autoridad.
Los señalamientos, sin embargo, corresponden a las denuncias de los manifestantes y deberán contrastarse con los registros oficiales de expedientes, sus tiempos de resolución y las respuestas de la institución.
Exigen renuncias y rechazan intereses partidistas
El colectivo exige la salida de Giovanna Itzel Argüelles Moreno y de la visitadora Begoña Castillo. Los participantes sostienen que la actuación de ambas funcionarias ha generado desconfianza y reclaman una revisión del desempeño de la Comisión.
Ante posibles cuestionamientos sobre el origen de la movilización, los inconformes rechazaron que el plantón sea financiado o dirigido por la UASLP o por actores partidistas. Aseguraron que su protesta responde a las quejas acumuladas y a la falta de atención que, afirman, han experimentado distintas víctimas.
Aunque advirtieron que permanecerán en las instalaciones hasta obtener una respuesta, señalaron que permitirán que el personal continúe con sus labores de atención.
