La polémica por la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 estalló no por un anuncio oficial, sino por una publicación en redes sociales. Fue la activista Fátima Velázquez, una de las participantes en la convocatoria, quien hizo público que el reconocimiento ya había sido entregado sin que existiera información clara, notificación previa ni ceremonia oficial por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí.
De acuerdo con la convocatoria, difundida el 8 de octubre, los resultados debían darse a conocer a más tardar el 6 de diciembre de 2025 en los canales oficiales de la CEDH. Esa fecha pasó sin comunicado, sin publicación y sin evento público. No fue sino hasta que Fátima alzó la voz en redes sociales que se supo que el premio había sido entregado desde el 9 de diciembre.
El reconocimiento y los 20 mil pesos de apoyo económico fueron otorgados a la licenciada Alexia Tolentino Carrillo, presidenta de la asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian. La entrega se realizó de manera discreta en las oficinas de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), según informó esa organización, y no en una ceremonia solemne como marcan los propios lineamientos del premio.
En su publicación, Fátima dejó claro que su señalamiento no es contra la persona ganadora, sino contra la falta de transparencia del proceso. Lamentó que no se haya realizado ningún evento público, como históricamente ocurría, y que no se reconociera el trabajo de las y los jóvenes que participaron, en un contexto donde nuevas generaciones impulsan agendas de derechos humanos desde distintos espacios.
Tras la publicación, la CEDH se comunicó con la activista para justificar que la ceremonia no se realizó por cuestiones de agenda de la titular del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno. También le señalaron que el premio se había entregado “en tiempo y forma” y que el evento público se llevaría a cabo hasta enero, dentro de las primeras dos semanas. La inconformidad no se quedó ahí. Otras participantes, como Frida Viramontes Cruz, también denunciaron que nunca fueron notificadas de manera clara sobre los resultados ni sobre la integración del jurado evaluador, lo que reforzó la percepción de opacidad en un proceso que debía ser ejemplar.
En su mensaje, Fátima advirtió que las convocatorias en materia de derechos humanos no pueden convertirse en simulaciones ni reproducir lógicas políticas que invisibilicen trayectorias y esfuerzos colectivos. “Señalarlo también es una forma de defender los derechos humanos”, escribió. Así, fue una publicación en redes sociales —y no la CEDH— la que terminó por destapar una entrega silenciosa de un premio que, por su naturaleza, debería haberse realizado de cara a la ciudadanía.