La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) notificará al Congreso del Estado, sobre la omisión a las recomendaciones 17 y 22 del año 2023, que se entregaron a la alcaldesa de Santa María del Río, Miriam Yolanda Martínez Trejo, por el concepto de violaciones a derechos humanos de un periodista presuntamente violentado por los elementos de la policía municipal y un recluso que perdió la vida en el penal en dicho municipio el 29 de julio del año anterior.
La recomendación 17/2023 se debió a una persona que perdió la vida en las celdas de la policía municipal de Santa María del Río mientras se encontraba bajo la custodia de la Comandancia Municipal.
En la recomendación 22/2023 se reporta la agresión a un periodista por parte de elementos de la policía municipal de Santa María del Rio, en el que la CEDH además de iniciar las investigaciones correspondientes y pedir los informes, dio vista al Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de que el caso también lo analizaran y documentaran desde dicho mecanismo, además de que se activaran los mecanismos de protección para garantizar y salvaguardar la integridad del periodista, así como del familiar que lo acompañaba.
En reiteradas ocasiones se ha señalado a la alcaldesa de violaciones a los derechos humanos y tratos despectivos, sin recibir respuesta al respecto, de manera oficial el más reciente fue a principios de 2023, cuando el Congreso Estatal Exhortó a la funcionaria a analizar y reconsiderar, la viabilidad técnica legal y de derechos humanos para la construcción de una gasolinera en el municipio, a 130 metros del jardín principal, es decir en una zona de valor histórico para los habitantes, además de afectar el acuífero que, según la CONAGUA, el agua subterránea del acuífero es apta para todos los usos, ya que las concentraciones de los diferentes iones no sobrepasan los límites máximos permisibles en la Norma Oficial Mexicana, violentando el derecho al agua de la ciudadanía.
A través del comunicado de la CEDH en el que informa sobre dichas omisiones, se espera que al intervenir el legislativo los involucrados sean llamados a comparecer y expongan sus argumentos para permitir la omisión a derechos fundamentales de los habitantes de dicho municipio, aunque “En ambos casos, las víctimas declararon ante el organismo no estar abiertas a conciliación con la autoridad”. Hasta el momento la respuesta de Martínez Trejo ha sido que no se configura como violación a derechos humanos y que no fue vinculada a proceso ni señalada como autoridad responsable.
