La reforma impulsada por Morena a la Ley de Amparo ha encendido las alertas entre juristas, legisladores y el sector empresarial, quienes advierten que su aprobación sería un golpe directo a las libertades ciudadanas y al equilibrio de poderes en México.
La presidenta estatal del PAN y senadora, Verónica Rodríguez Hernández, calificó la iniciativa como un “retroceso histórico” que debilita la capacidad de las personas para defenderse ante los abusos de autoridad. “Es gravísimo. Esta reforma abre la puerta a que puedan hacerlo con otras leyes. No es una modernización, es un intento por debilitar un instrumento que protege a la ciudadanía”, denunció.
Rodríguez señaló que la propuesta, ya aprobada en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, viola el principio constitucional de irretroactividad, pues contempla un transitorio que permitiría aplicar la ley de forma retroactiva.
Además, advirtió que los cambios impulsados por Morena reducen el alcance de las suspensiones, permiten el congelamiento de cuentas sin control judicial y prohíben suspender la prisión preventiva oficiosa, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. “En palabras simples: los ciudadanos quedarían más indefensos y la autoridad tendría un mayor margen para actuar sin consecuencias”, lamentó la legisladora. Incluso, el ministro de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, ya manifestó su postura de frenar la reforma una vez que llegue al máximo tribunal del país.
El sector empresarial también expresó su rechazo. La Coparmex, a través de su presidente Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, alertó que la iniciativa restringe la defensa efectiva, amplía el poder discrecional de las autoridades fiscales y pone en riesgo la continuidad de los negocios. “Esto genera desconfianza, inhibe la inversión y amenaza los empleos”, advirtió Ortuño. Por su parte, la Canacintra coincidió en que las nuevas limitaciones podrían afectar la competitividad y las cadenas productivas, al impedir suspensiones provisionales o ampliaciones de demandas, e incluso dejar sin protección sectores como telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
Tanto Coparmex como Canacintra solicitaron al Congreso de la Unión abrir foros de parlamento abierto antes de aprobar una reforma que, aseguran, pone en jaque los derechos legales de ciudadanos y empresas.
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