Mientras cientos de potosinos marchaban este domingo para exigir justicia por el asesinato de la empresaria Sandra Revilla, y entre gritos de indignación denunciaban que “San Luis ya no es una ciudad segura”, las autoridades locales parecieran vivir en otra realidad: el alcalde Enrique Galindo Ceballos asegura que no hay denuncias de cobro de piso en la capital, y la fiscal del Estado, Manuela García Cázares, se limitó a repetir que “estamos en investigación”.
Revilla fue asesinada el pasado 10 de mayo a las afueras de su propio negocio, tras recibir tres disparos. Su caso desató la indignación ciudadana y llevó a cientos de personas a manifestarse pacíficamente por las calles del Centro Histórico. Al final de la marcha, los asistentes leyeron un posicionamiento que resumió el sentir de muchos potosinos: “San Luis hace muchos años fue una ciudad segura. Todas y todos recordamos vivir de noche sin miedo, podíamos emprender un negocio sin temor a que llegara un grupo de malandros a cobrarse su absurdo derecho de piso y ponerte una pistola en la cabeza con la amenaza de arrebatarte la vida si no le entregas una parte de tu trabajo”.
Pero para las autoridades, el problema parece no existir.
Cuestionado sobre la posibilidad de que empresarios estén siendo víctimas de extorsión o amenazas por parte del crimen organizado, Galindo Ceballos afirmó tajantemente que no hay reportes. “A nosotros no nos ha llegado ninguna denuncia, no quiere decir que no haya, quiere decir que no hemos sido receptores de denuncias”, declaró el edil, mientras exhortaba a los empresarios a hacer denuncias, incluso de forma anónima.
El alcalde reiteró su respeto a la marcha y dijo que la administración municipal brindó todo su respaldo a la manifestación, pero insistió en que ni el caso de Revilla ni la protesta deben politizarse: “La marcha tuvo todo nuestro respaldo… por obvias razones creo que mi mejor manera de hacerlo es no politizando esa marcha y respetando mucho el duelo de la familia y el proceso de la misma, hasta ahí”.
Por su parte, la fiscal del Estado, Manuela García Cázares, fue abordada por reporteros con la misma inquietud: ¿hay investigaciones por el presunto cobro de derecho de piso a comerciantes? Su única respuesta fue: “Estamos en investigación, estamos en investigación”.
Mientras tanto, comerciantes y empresarios siguen enfrentando un clima de inseguridad que, aunque no esté reflejado en carpetas de investigación, se siente en las calles y en la angustia de quienes cada día abren sus negocios con el temor de que no sea uno más, sino el último.
Las autoridades, por ahora, insisten en que todo está bajo control. Aunque en San Luis Potosí, cada vez más voces aseguran lo contrario.
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