La administración municipal de San Luis Potosí enfrenta una severa crisis de legalidad tras el anuncio de la subasta del predio conocido como Bosque Urbano Puerta de Piedra. Ciudadanos organizados han interpuesto recursos de amparo señalando que esta venta no solo es un despojo al patrimonio público, sino una violación directa a múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que protegen el bienestar colectivo sobre el interés comercial.
El eje central del conflicto radica en la vulneración del Artículo 4º constitucional, el cual garantiza el derecho a un medio ambiente sano. Al intentar enajenar una de las pocas áreas verdes de la zona, el Ayuntamiento ignora su responsabilidad de preservar los servicios ambientales que el bosque provee, tales como la regulación térmica y la purificación del aire. Esta acción representa un retroceso injustificable en materia de derechos humanos, contraviniendo el principio de progresividad establecido en el Artículo 1º, que prohíbe a las autoridades eliminar protecciones o beneficios ya alcanzados por la población.
La opacidad ha marcado el proceso de desincorporación del inmueble. Los afectados denuncian que se ha pasado por alto el Artículo 6º sobre el derecho a la información y el acceso a la transparencia, pues la decisión se tomó sin una consulta pública efectiva ni la presentación de estudios de impacto que justifiquen la pérdida del ecosistema urbano. A esto se suma el incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, lo que traduce el acto en una violación a la seguridad jurídica y al debido proceso contemplados en los Artículos 14 y 17.
Finalmente, el actuar del cuerpo edilicio pone en entredicho las facultades otorgadas por el Artículo 115. Si bien el municipio administra sus bienes, esta potestad está condicionada al beneficio de la comunidad y a la planeación urbana sustentable. La venta del Bosque Urbano Puerta de Piedra para fines de desarrollo privado constituye una desviación de poder que sacrifica la salud pública y el derecho a la ciudad de miles de potosinos, dejando en manos del Poder Judicial de la Federación la posibilidad de frenar un daño ambiental que se perfila como irreversible.
